La Secretaría Académica se complace en presentar una nueva propuesta académica orientada a brindar herramientas concretas para la gestión estratégica de la comunicación en contextos de riesgo, conflicto o alta exposición pública.

La diplomatura está especialmente diseñada para fortalecer las capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas y los organismos vinculados a la protección de la soberanía nacional, partiendo de la experiencia reciente del país y del análisis de casos en los que la comunicación tuvo un rol determinante en el desarrollo y resolución de situaciones críticas. En sectores sensibles para la geopolítica y el orden público, la preparación anticipada y la existencia de protocolos claros resultan centrales para preservar la credibilidad, sostener la conducción y garantizar información transparente.

El programa propone una formación integral que combina fundamentos teóricos, planificación estratégica y aplicación práctica. A lo largo de 16 semanas y con una carga total de 90 horas, los estudiantes trabajarán en la elaboración de planes de acción ante crisis, la identificación de actores y responsabilidades institucionales, la construcción de protocolos automáticos de actuación y el diseño de estrategias de comunicación tanto en medios tradicionales como en entornos digitales.

La estructura curricular se organiza en módulos que recorren todas las etapas del proceso: la fase de pre-crisis y planificación anticipada; la elaboración del Plan de Comunicación de Crisis (PCC); la activación de protocolos en la denominada “hora dorada”; la definición de mensajes bajo criterios de transparencia, coherencia y empatía; la gestión de públicos y stakeholders; la relación con medios y portavoces; la administración de redes sociales y mensajería en tiempo real; y la etapa de evaluación y recuperación post-crisis.

Asimismo, la diplomatura incorpora un análisis sistemático de casos históricos y contemporáneos en el ámbito de la defensa, la industria y la gestión pública —incluyendo conflictos internacionales, emergencias institucionales y crisis corporativas— con el objetivo de aplicar marcos conceptuales a situaciones reales. El abordaje contempla dimensiones éticas y legales, promoviendo una práctica responsable, ajustada a derecho y orientada al interés público.