JAVIER FIGUEROA. EMBAJADOR

Lejos de ser una frontera simple, el espacio marítimo adyacente a la Zona Económica Exclusiva argentina concentra dinámicas pesqueras, ambientales y geopolíticas de alta complejidad. Comprender su funcionamiento real resulta indispensable para diseñar políticas eficaces que articulen soberanía, sostenibilidad, control y cooperación internacional en el Atlántico Sur.

La expresión milla 201 se ha instalado con fuerza en el debate público, pero su simplicidad no siempre refleja la complejidad real del Atlántico Sur. La zona adyacente a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) constituye un espacio donde convergen factores biológicos, económicos, tecnológicos y geopolíticos que requieren una interpretación más precisa que la que suele difundirse. No se trata de una línea abstracta, sino de un sector marítimo dinámico, estrechamente vinculado a la productividad de los ecosistemas y al accionar de múltiples flotas internacionales.

El área de mayor concentración de actividad pesquera más allá de la mila 200, se sitúa entre los paralelos 42° y 48° Sur. Allí opera una de las pesquerías más intensas del Atlántico Sur, entre las cuales la pesquería calamar Illex argentinus es la más significativa, representando alrededor del 75% de las capturas totales en el área adyacente. Este recurso no constituye una sola población, sino cuatro stocks diferenciados, con comportamientos migratorios y ambientales distintos. Uno de ellos se explota principalmente dentro de la ZEE argentina, otro aparece y desaparece según condiciones oceanográficas, y dos se desplazan hacia las islas Malvinas para desovar, dando lugar a una fuerte concentración de flotas durante esas etapas.

La actividad en el área adyacente genera en promedio unos 475 millones de dólares anuales, de los cuales aproximadamente 360 millones corresponden al calamar. Durante la última temporada operaron 469 buques, en su mayoría poteros: más de 230 chinos, 76 taiwaneses y 29 coreanos. Se suman a ellos arrastreros españoles y coreanos que actúan bajo ilegítimas licencias emitidas por las pretendidas autoridades en Malvinas, con vigencias que pueden alcanzar los 25 años. En los últimos años se advierte también un aumento de buques con banderas de conveniencia —Vanuatu, Panamá, Camerún o Angola—, generalmente vinculados a capitales privados de origen chino.

La presencia pesquera argentina más allá de la milla 200 continúa siendo reducida: si bien existen más de cien permisos para pesca de altura, solo trece buques nacionales operaron efectivamente en esa área la última temporada. Las razones son fundamentalmente económicas y operativas, dado que
la rentabilidad es mayor dentro de la ZEE y que los costos logísticos de operar en alta mar resultan significativos para la flota local.

La presión de casi quinientos barcos sobre un espacio acotado genera impactos ambientales sobre algunos stocks, que muestran señales de deterioro — como el abadejo—. Aunque el calamar Illex registró una temporada excepcional dentro de la ZEE y fuera de ella, la situación en Malvinas con la pesquería de calamar Loligo es crítica. La misma debió cerrarse por segundo año consecutivo debido al riesgo de colapso, lo que anticipa un probable desplazamiento de barcos hacia el área adyacente. A ello se suma la dificultad para acceder a certificaciones internacionales de sostenibilidad, ya que la explotación de especies transzonales complica la trazabilidad y afecta el posicionamiento comercial de los productos argentinos. Asimismo, otro impacto ambiental asociado a estas flotas es la contaminación por generación de basura de las mismas.

La disputa de soberanía en el Atlántico Sur agrega otra limitación a nuestro accionar: la Argentina no puede impulsar una Organización Regional de Ordenamiento Pesquero sin comprometer su posición sobre Malvinas, ya que ello implicaría el reconocimiento del Reino Unido como Estado ribereño. Esta restricción condiciona la posibilidad de regulaciones multilaterales y obliga a recurrir a estrategias alternativas.

La percepción pública del problema también influye en la política. La idea de “centenares de barcos que ingresan a robar a la milla 201” no se corresponde con la dinámica real: la mayoría de las flotas opera fuera de la ZEE y solo se configura ilegalidad en casos puntuales o mediante artes de pesca que afectan recursos argentinos aún sin ingresar a aguas jurisdiccionales. Esta simplificación —ampliamente difundida— distorsiona la comprensión del fenómeno y dificulta la discusión de soluciones viables. Los esquemas de fiscalización, control y monitoreo por parte de la Armada, Comando Conjunto Marítimo, Prefectura y Subsecretaría de Pesca son efectivos y ejercen una importante disuasión.

La coordinación entre organismos como Armada, Prefectura, Cancillería, Pesca, Ambiente, Interior, INIDEP, entre otros que si bien convergen, no siempre se articulan eficazmente. En este contexto cobra relevancia el trabajo del Grupo Interministerial Área Adyacente, coordinado desde la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur de la Cancillería, el cual fuera creado en 2024 para desarrollar una estrategia integral para la problemática de la pesca en el área adyacente y expandido para coordinar políticas vinculadas al Atlántico Sur. Asimismo, incorpora a CONAE e INVAP para fortalecer el monitoreo satelital, la integración de datos y el desarrollo de capacidades tecnológicas propias que permitan eficientizar las tareas de control.

Un aspecto abordado es la generación de normativa pesquera y ambiental en plataforma continental argentina, más allá de las 200 millas, toda vez que nuestro país tiene plenos derechos de soberanía sobre los recursos vivos marinos, de conformidad con el derecho internacional. Esto incluirá la protección de ecosistemas sensibles.

Las restricciones derivadas de la disputa de soberanía, la percepción pública simplificada y la fragmentación institucional condicionan la regulación del área adyacente, pese a la existencia de capacidades de control y a avances recientes en coordinación interministerial y monitoreo tecnológico.

Argentina orienta su estrategia a promover acuerdos bilaterales con los principales países cuyas flotas operan en la zona —China, España y Corea—, privilegiando la cooperación científica, el intercambio de datos de esfuerzo pesquero, la identificación de buques y la fijación de parámetros de conducta.

Otra labor del grupo ha sido el análisis y evaluación de instrumentos internacionales relevantes para la temática, tales como el Acuerdo BBNJ y el Acuerdo del Estado Rector del Puerto, cuya adhesión fortalece la capacidad de negar acceso a embarcaciones con antecedentes de pesca ilegal y mejorar el control sobre las descargas. A esto se suma el acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca, recientemente en vigor. Resulta destacable la firma por parte de China del precitado acuerdo, lo que denota algún matiz en su posición respecto a pesquerías en alta mar, lo que puede aumentar márgenes de maniobra propios.

El desafío del área adyacente exige una estrategia integral: mayor presencia nacional más allá de la milla 200, cooperación internacional, coordinación interinstitucional, inversión tecnológica y una comunicación pública precisa. El Atlántico Sur es un espacio donde confluyen intereses globales, disputas de soberanía, recursos estratégicos y dinámicas ambientales sensibles. Su gestión demanda políticas sostenidas y una visión de Estado acorde a la complejidad del escenario.

Gestionar el área adyacente requiere una estrategia estatal sostenida que integre presencia, coordinación institucional, cooperación internacional y tecnología, para proteger recursos, ejercer soberanía y asegurar una gobernanza marítima acorde a la complejidad del Atlántico Sur.