Ruanda fue nacer como persona

Por Sebastián Zaccaría

Eran las dos de la mañana cuando una ráfaga de culatazos sacudió la puerta del hospital. No era un pedido de auxilio: era una orden. Un militar de alto rango se desangraba tras un enfrentamiento en las colinas y sus hombres exigían atención inmediata. Frente a la amenaza, Norma Sarrode –una enfermera argentina de 37 años– dio un paso al frente junto a dos médicos que la acompañaban. La operación se hizo bajo la mira constante de las ametralladoras. Durante siete horas, mientras el cirujano trabajaba sobre la cavidad abdominal, Norma reguló la anestesia con ketamina a puro cálculo, guiándose solo por las pupilas, el pulso y la respiración del paciente.

En medio del procedimiento, uno de los soldados lanzó una advertencia: “Si él se muere, ustedes mueren”.

Cuando finalmente extrajeron los fragmentos de plomo incrustados en el cuerpo del oficial, los combatientes exigieron verlos y llevárselos. Norma las ocultó. Sabía que identificar el calibre y las características de los proyectiles podía revelar el origen del disparo, comprometer posiciones y desencadenar nuevas represalias.

El paciente sobrevivió. Y con él, esa noche, también sobrevivió el equipo médico.

 

No estábamos preparados para una catástrofe. 

Son las diez de la mañana del lunes 18 de julio de 1994. Norma acaba de salir de asistir una cesárea en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Todavía tiene el ambo puesto cuando entra a la sala de descanso y encuentra a sus compañeros apretados frente al televisor.

En la pantalla se ven los restos de la sede de la AMIA en la calle Pasteur, reducida a escombros tras la explosión de un coche bomba. Una nube pesada de polvo gris tapona el barrio de Once, las sirenas suenan fuera de control y los vecinos remueven piedras a mano limpia buscando sobrevivientes. El reporte confirma la cifra que paraliza al país: 85 muertos y más de 300 heridos en pleno centro porteño. Nadie entiende nada.

Para las enfermeras y médicos del hospital, la transmisión en vivo expone algo más que la tragedia: muestra a un sistema de salud desbordado, respondiendo a ciegas.

—Estaba todo mal hecho. No estábamos preparados para ese tipo de catástrofes —recuerda Norma.

Durante las semanas siguientes, el equipo del Materno Infantil organiza ateneos y se mete en un entrenamiento intensivo: emergentología de calle, intubación rápida, manejo de trauma grave. Practican entre guardias largas, convencidos de que el horror ya no es una noticia lejana en los telediarios del mundo, sino una fractura en el propio suelo.

Pocos meses después, Cecilia González, médica pediatra del hospital, se cruza con Norma en un pasillo. Cecilia estaba en contacto con la ONG Médicos en Catástrofe Argentina (MEC), una organización de profesionales de la salud preparada para desplegar en emergencias internacionales.

—Están buscando gente para ir a Ruanda ¿Te venís conmigo? —le propone Cecilia. Aunque Cecilia finalmente terminaría siendo asignada a otro destino, la semilla ya estaba plantada. —¿A dónde? —preguntó Norma

Londres, Nairobi y el desembarco en Kigali

Conforman el grupo completo seis personas: Marisa como médica, Javier y Norma en enfermería, Nicolás y Hugo en la logística y coordinación, y Mercedes en la secretaría.  Salen de Buenos Aires el 6 de marzo de 1995. El vuelo despega de Ezeiza. Durante la escala en Londres, a bordo de un Boeing 747, la alarma de incendio en uno de los motores enciende la alerta. Lo que sigue es un despliegue inmediato de bomberos sobre la pista rodeando el avión.

“Mala señal”, piensa Norma.

Pasan una semana varados en un hotel de Londres a la espera de un itinerario de reemplazo hacia Kenia, donde deben aguardar la orden de cruzar a Ruanda. Finalmente llega el día.

Nairobi es, al principio, un paréntesis. Norma recuerda esos días con liviandad. Junto a Mercedes salía a caminar por las avenidas con las remeras identificatorias de la ONG, una cruz celeste y blanca y la insignia de Médicos en Catástrofe Argentina. En una de esas caminatas escuchan hablar en español. Es una pareja de médicos argentinos vinculados a una iglesia bautista que acaba de salir de Ruanda. Se reconocen por las insignias, se abrazan en la vereda como si se conocieran de toda la vida y aceptan la invitación a continuar la charla en el hotel donde se alojan. Ahí, sobre la cama, uno de ellos saca una caja con fotografías tomadas a escondidas en las colinas. Las imágenes cortan el aire: familias masacradas en sus casas, cuerpos mutilados a machetazos y la fotografía de una bebé asesinada junto a su madre mientras amamantaba.

El impacto provoca en Norma un malestar físico inmediato. Siente que la dimensión de la violencia la supera y manifiesta su intención de regresar a Buenos Aires:

—No voy a aguantar.

Su compañera Mercedes se le acerca y le ruega:

—Por favor, no me dejes sola.

El paréntesis se cierra de golpe: llega la orden de embarque hacia Kigali.

Suben a un viejo bimotor con asientos de chapa junto a contingentes médicos de Francia, Rusia e Inglaterra. Cruzan Tanzania y el espejo de agua del lago Victoria. En la fase de aproximación a Kigali, el avión es recibido con ráfagas de una batería antiaérea desde tierra. El piloto maniobra entre las explosiones y logra tocar la pista de milagro.

En la pista, treinta militares armados rodean la nave y comienzan a inspeccionar el equipaje. Los soldados abren un bolso, encentran paquetes de yerba mate y los acusan de traficar estupefacientes. La situación se pone tensa, pero el malentendido se resuelve a través de un gesto que podría definir como diplomacia de trinchera: Naciones Unidas les asigna a las organizaciones una suma importante para “expensas extraordinarias”, un eufemismo oficial para pagar peajes y destrabar retenes. 

El clima hostil cede cuando el oficial al mando lee la procedencia de los pasaportes:

—¡Argentina! ¡Diego Maradona!

Ahí mismo, en medio de la tensión del aeropuerto, los argentinos preparan el mate y le convidan al oficial mientras guarda el soborno en el bolsillo de su uniforme:

—Amargo y bien caliente, como corresponde. Fue la primera incursión gaucha.

 

Los pies en la tierra

Norma llega a un país atravesado por uno de los exterminios más atroces del siglo XX. En abril de 1994, tras el derribo del avión del presidente ruandés Juvénal Habyarimana, el gobierno extremista hutu y las milicias Interahamwe (definidas por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda como organización paramilitar hutu formada en 1991 en el seno del ala juvenil del partido gobernante) ejecutaron a más de 800.000 tutsis y hutus moderados en apenas cien días, utilizando machetes, fusiles y garrotes. Las armadas distribuidas entre la población fueron importadas masivamente desde Asia por empresarios locales, potencias extranjeras y proveedores de África y Medio Oriente, entre las cuales se señala principalmente a Francia, Egipto y Sudáfrica, según el informe elaborado por Human Rights Watch. La infraestructura sanitaria quedó absolutamente destruida y la mayoría de los médicos locales murieron o escaparon a países limítrofes.

Pero cuando Norma llegó, a mediados de 1995, el genocidio había terminado, aunque no así la violencia. Ese año no fue un período de reconstrucción pacífica. En abril de 1995, el ejército ruandés cerró por la fuerza el campamento de desplazados de Kibeho, ubicado en el sur del país, y abrió fuego contra la población civil. De acuerdo con los registros históricos del Memorial Australiano de la Guerra, se estima que unas 4.000 personas —en su mayoría mujeres y niños— murieron en esa masacre. La Cruz Roja Internacional, que estaba presente, describió disparos de rifles automáticos y explosiones de granadas que dejaron cientos de muertos y heridos.

La violencia no se limitó a Kibeho. Un informe del Secretario General de las Naciones Unidas de abril de 1995 señaló que más de 200.000 desplazados internos seguían atrapados en campamentos, sin poder regresar a sus hogares por miedo a represalias y por la intimidación de extremistas que operaban dentro de los propios campamentos. De acuerdo con los informes de Amnistía Internacional, más de 50.000 personas se encontraban detenidas sin cargos ni juicio en cárceles hacinadas, donde se registraban unas 200 muertes mensuales debido a las condiciones inhumanas. A esto se sumaban los ataques contra quienes regresaban del exilio: represalias, asesinatos selectivos y una impunidad que se extendía por todo el país.

En medio de ese contexto, Norma llega a su primer destino: Mbuye, un poblado de 45.000 habitantes incrustado a 1.500 metros de altura. Allí, el 14 de abril de 1994, las milicias habían incendiado las casas y masacrado a la población. Tras tres meses de inducción bajo las órdenes del médico Abel Pasqualini —entonces presidente de Médicos en Catástrofe— y luego de demostrar su entereza en la extrema urgencia, fue trasladada a Muhororo, una localidad ubicada dentro de la comuna de Kibilira (en la prefectura de Gisenyi). Allí, la parroquia y el hospital funcionaron como centros de ejecución masiva.

Norma cierra los ojos y recuerda las casas de adobe y ladrillo crudo con techos de chapa oxidada. La memoria de Muhororo conserva la imagen de los caminos de tierra roja y los bananares, los chicos descalzos y las mujeres con fardos de mandioca en la cabeza, esquivando retenes atendidos por hombres y niños armados. Tropas del Frente Patriótico Ruandés y bandas de saqueadores recorren las calles amontonados en la caja de sus camionetas, utilizadas como vehículos de combate. Visten pantalón de fajina, remeras desteñidas y ojotas, siempre con el fusil al hombro. La falta de insignias o distintivos hace imposible saber quién es quién.

En el terreno, el gobierno civil estaba delegado en el Burgomaestre, una figura municipal heredada de la colonización belga, sin presupuesto, sin fuerza policial y sin control efectivo del territorio. El panorama es volátil. Del otro lado de la frontera con Zaire, la actual República Democrática del Congo, se ocultan las milicias Interahamwe, refugiadas tras la derrota en el genocidio. Esos campamentos mutaron rápidamente en bases armadas desde donde lanzaban ataques nocturnos sobre suelo ruandés, aprovechando la porosidad de la frontera y el vacío institucional del vecino país.

Del otro lado se desplegaba el Ejército Patriótico Ruandés, la fuerza de mayoría tutsi liderada por Paul Kagame que acababa de tomar el poder tras derrotar al régimen genocida. A pesar de su presencia diurna, la fuerza del gobierno era incapaz de garantizar la seguridad nocturna: la imposibilidad legal y estratégica de cruzar la frontera zaireña sin desatar un conflicto internacional les dejaba el camino libre a los atacantes. En ese vacío de poder, Muhororo mutaba según la hora: de día, la disciplina del ejército victorioso; de noche, el pánico a las incursiones que descienden de los cerros.

En este escenario de conflicto y fragmentación, la acción humanitaria solo podía sostenerse mediante la aplicación estricta del principio de neutralidad. De acuerdo con la Resolución 46/182 de la Asamblea General de Naciones Unidas, los profesionales de la salud debían abstenerse de tomar posición en las hostilidades. Ese mandato no es una postura de pasividad ética, sino una garantía operativa fundamental: asegura la confianza de todas las partes en conflicto, condición indispensable para acceder al territorio, resguardar a las poblaciones vulnerables y prestar asistencia médica basada de forma exclusiva en la necesidad humana, con independencia de la filiación u origen de los asistidos.

La experiencia en Muhororo

Norma y el equipo de socorro llegan al hospital de Muhororo. A su arribo, el establecimiento se encuentra bajo el mando formal de un director local que es señalado abiertamente como colaboracionista del genocidio, involucrado en negociaciones con la guerrilla y acusado por la comunidad de desviar recursos y señalar objetivos. Según el testimonio de Norma, la gestión dentro del recinto era caótica y represiva: las instalaciones estaban desmanteladas, no se garantizaba la atención básica y existía un absoluto desinterés por la supervivencia de los pacientes. Una noche, el director sale de las instalaciones escoltado por milicianos y no vuelve a ser visto.

Tras la desaparición del director y ante el vacío institucional, Norma asume la dirección del centro médico y la jefatura de enfermería en el marco de la logística de Naciones Unidas. La aplicación rigurosa de la neutralidad le permite preservar la integridad del hospital y del personal: al ratificar que las puertas de la institución permanecerían abiertas para atender imparcialmente tanto a la población civil como a los combatientes de cualquier bando, el hospital se convierte en una zona de tregua tácita. Aunque es habitual la presencia de milicianos armados merodeando los pasillos y las inmediaciones, las facciones respetan la estructura sanitaria al comprender que ahí reside el único suministro de medicinas y asistencia profesional disponible.

El Hospital de Distrito de Muhororo fue construido en 1952 por la administración colonial belga para los trabajadores de las minas de Gasegereti. Se trataba de un complejo de una sola planta con techos de chapa roja desgastados y un frente donde se leía “Muhororo Hospital” pintado con brocha. Antes de la misión, no contaba con luz eléctrica ni agua corriente. Los pacientes con disentería sangrante y tuberculosis compartían el suelo de cemento tiznado por los fogones de leña que las familias improvisaban para cocinar.

Para devolverle la funcionalidad al hospital de Muhororo y sostener la atención diaria, la reconstrucción requirió conformar una red de trabajo articulada con la propia comunidad. Norma contrata pobladores locales y les asigna roles operativos clave para el sostén del recinto. Entre ellos se encuentra Rafael, un joven de dieciocho años que perdió a toda su familia en el genocidio y que, gracias a su dominio del español, el francés y el kinyarwanda, asumió las tareas de traducción e interpretación, convirtiéndose en un mediador indispensable para la gestión médica y las decisiones del equipo. En la guardia de acceso y en la custodia constante del personal durante sus desplazamientos se desempeña Vaca, un joven de diecinueve años con secuelas de poliomielitis en ambas piernas. La cocina y la alimentación del grupo quedan a cargo de Innocent, un anciano de ochenta años, mientras que Jean-Marie asume la logística de higiene textil y se encarga del lavado diario de las sábanas y la ropa de cama de las salas de internación. Por su parte, Kempes y Ardiles son asignados al mantenimiento e higiene general de la residencia y las instalaciones del establecimiento.

Norma se sorprende al descubrir que aquellos nombres no eran apodos improvisados, sino los nombres reales con los que sus padres los inscribieron: un testimonio insólito de la huella argentina en la región. Las hazañas del Mundial de 1978 colocaron al país en el mapa de los rincones más distantes del planeta, al punto de inspirar a familias ruandesas a bautizar a sus hijos en homenaje a Mario Alberto Kempes u Osvaldo Ardiles. Esa admiración por el fútbol despierta una cercanía inmediata en las calles. A la diplomacia del deporte se suma un respeto insospechado: la memoria de la Guerra de Malvinas, percibida por diversos pueblos africanos bajo una matriz anticolonial y de soberanía.

La gestión hospitalaria comienza con la separación de los pabellones por nivel de contagio y la instalación de piletas de chapa para el lavado de manos. Norma inicia la limpieza integral del recinto, acondiciona las camas con sábanas enviadas por la logística belga de la ONU e instala piletas de agua para la higiene de pies y manos. Renueva el quirófano y la sala de partos en donde asistió al nacimiento de más de 200 niños durante su tiempo en África.

– A veces se atendían partos simultáneos. Las mujeres llegaban sobre la hora y parían en el piso. Tenía que hacer malabares para evitar que los recién nacidos cayeran al suelo, corriendo de acá para allá. Parecía la Julio Bocca de los partos. 

Norma no duerme dentro del predio sanitario, sino en una casa de ladrillos alquilada por las Naciones Unidas a 200 metros del acceso principal. Todos los días recorre a pie esa distancia para empezar el turno. Cerca de allí, apostado en una colina, operaba un reducido grupo de observadores militares uruguayos (MILOBs) integrados en la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda (UNAMIR). Tras el estallido de las masacres en abril de 1994 y la posterior decisión del Consejo de Seguridad de reducir drásticamente la fuerza internacional mediante la Resolución 912, el contingente uruguayo permanece en el terreno bajo el restrictivo Capítulo VI de la Carta de la ONU. Este marco legal limita el uso de la fuerza a la estricta legítima defensa y les impide a los Cascos Azules intervenir para detener los combates o proteger activamente a los civiles. Su labor se reduce a tareas de observación, enlace y presencia testimonial.

Como no pueden ofrecerle custodia en el terreno, establecen un código de contacto diario. A las siete de la mañana, Norma sale al patio y cuelga una camiseta de la selección argentina en el alambre de la entrada. Desde la cima, los soldados uruguayos observan con binoculares y responden con un toque corto de la bocina de un camión militar como confirmación de que está viva.

Desplegado en la UNAMIR está, además, el Teniente Coronel (VGM) Tomás Fox, un oficial del Ejército Argentino. Norma entabla con él una relación de amistad. Suelen comer juntos y encontrarse para ir a misa. Hablar en su propio idioma y compartir la mesa es, para ambos, una forma de mantener la cordura.

A las seis de la tarde comienza el toque de queda. Encerrada en su habitación, con doble cerrojo en la puerta de madera, Norma escucha en la penumbra el rugido de las motos de las milicias y el golpe metálico de los fusiles. En esa soledad, su única compañía es Tigre, un perro que se le pegó desde el primer día y al que Norma recordará siempre como su ángel guardián: echado a sus pies, Tigre vela su sueño y le devuelve un espacio de calma en las noches más oscuras.

“Cuando escuchaba disparos sabía que la mañana siguiente el hospital iba a ser caótico”, recuerda.

Cada quince días, en Kigali, las ONG y los Cascos Azules se reúnen para compartir información estratégica, aportar pistas sobre la posición de tropas irregulares y actualizar los mapas de riesgo. Cuando la tensión aumenta en las rutas, las autoridades ordenan el repliegue temporal del personal de la misión. Una tarde, al ser informado de un riesgo inminente de aislamiento en la base, Pasqualini se comunica por radio:

—No quiero que te quedes allá, está todo muy violento. Agarrá al driver y venite para Kigali. 

Falta una hora para el toque de queda de las siete. Hacer más de cien kilómetros a esa hora significa quedar a merced de la noche. Norma se lo advierte, pero Pasqualini insiste, tajante. Sube a la camioneta con el chofer y carga los insumos de mayor valor para negociar el paso: gelafundín, sueros, comprimidos de Fansidar, cloroquina, penicilina, cajas de cerveza y cartones de cigarrillos Marlboro. Viajan por un camino destruido y bajo la presión del horario límite. A mitad del trayecto, en el primer puesto de control, unos treinta hombres armados rodean el vehículo. No hay manera de adivinar si son miembros del ejército regular o de las milicias Inteahamwe. Daba igual. En 1995, el ejército regular que detuvo el genocidio también masacra civiles. En Kibeho, en abril de ese mismo año, sus soldados dispararon contra una multitud de desplazados y ejecutaron pacientes en sus camas de hospital. Las milicias, por su parte, siguen atacando desde las fronteras. La única duda de Norma no es quién le apuntaba con el fusil, sino si lo que lleva en la caja de la camioneta alcanzará para seguir con vida.

Norma ve que el chofer temblaba de miedo. Los hombres la obligan a descender del vehículo.

“Dios mío, dame la fuerza para matarme. Si me hacen algo, yo me mato, no voy a sobrevivir a una agresión de estas personas, no me tocaran viva”, piensa.

No es una idea extraña. Durante el genocidio de 1994, entre 250.000 y 500.000 mujeres sufrieron agresiones sexuales, utilizadas por las milicias como una estrategia sistemática de tortura, intimidación y destrucción del tejido social. Norma lo sabe. El conflicto integró además el uso deliberado del VIH como arma de guerra mediante la movilización de hombres seropositivos con el fin de infectar a las víctimas. Esta práctica dejó un impacto duradero en la posguerra, reflejado en una prevalencia del virus del 15 % en las viudas (cinco veces superior a la de la población casada) y en una tasa general de contagio en mujeres que duplicaba la de los varones, según los datos relevados por el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ruanda.

Ante la amenaza directa del oficial a cargo, Norma va entregando las cajas de fármacos, la cerveza y los cigarrillos. Norma le pide tímidamente que le firmara una planilla de control de las Naciones Unidas para justificar el faltante. El militar firma sin problema el recibo y autoriza el paso.

Cuando llegan a Kigali, va a buscar a Pascualini.

—La próxima vez, ni me llames. Hoy zafé, la próxima, no sé.

La experiencia en el primer puesto de control transforma la dinámica de los desplazamientos. Con la multiplicación de los retenes en las rutas, la negociación táctica reemplaza al temor. El paisaje vial está marcado por la presencia de niños soldados (los llamados kadogos), menores de tan solo ocho años armados con ametralladoras que apenas pueden sostener y que exigen pagos para permitir el tránsito. En ese esquema de extorsión, las divisas pierden valor frente a los insumos estratégicos: una caja de Fansidar, analgésicos o antibióticos, que se convierten en el salvoconducto indispensable para franquear los controles de las milicias.

Ese valor de cambio que adquiere la medicación obedece al desabastecimiento absoluto que sufre la población civil, despojada de cualquier red de atención básica. Con las estructuras sanitarias destruidas, los fármacos se convierten en el recurso más escaso de la inmediata posguerra.

En el hospital de Muhororo, esa misma desesperación termina filtrándose en la gestión diaria. Parte del personal local (enfermeros y asistentes formados en su mayoría bajo convenios con Rusia) comienza a retirar remedios de los cargamentos trimestrales procedentes de Bélgica. El objetivo no es el lucro, sino abastecer a sus familias y armar una “farmacita” clandestina en sus barrios para sostener a comunidades que no figuran en los mapas del auxilio internacional.

Al constatar el faltante en las planillas, Norma entiende que no hay margen para aplicar sanciones disciplinarias en un entorno destruido y sin autoridad formal. Su prioridad es evitar que la fuga de insumos derive en el recorte o la dilución de las dosis para los internados por cuadros graves de malaria o tuberculosis. Asume el control directo del fraccionamiento en las salas, reúne al personal local y fija las condiciones con pragmatismo:

—Esto es para el hospital, esto es para el barrio, esto es para ustedes. Entiendo que lo necesitan, pero no dejen de darle a los pacientes.

Enviados por Naciones Unidas como refuerzo, se incorporan al hospital dos médicos provenientes de Europa del Este, Igor y Constantin. La incorporación de estos profesionales ucranianos al equipo aporta una valiosa capacidad técnica, aunque también suma una dinámica particular al día a día de la misión. Si bien son profesionales de la salud altamente capacitados, su condición de antiguos soldados del Ejército Rojo marca profundamente su comportamiento: vienen de una dura experiencia de combate que los formó para responder de manera directa e ir al choque ante cualquier situación de tensión o amenaza. A estos médicos les cuesta asimilar la doctrina de neutralidad estricta que exige la labor humanitaria internacional, por lo que reaccionan con un celo operativo e instintos de protección hipervigilantes frente al entorno local. Sin embargo, más allá de estas fricciones, la convivencia diaria funciona bien y logran entablar una relación cercana y de buen trato con Norma, quien comprende que detrás de esa postura confrontativa se esconde el reflejo de su historia en el frente y el deseo de resguardar al equipo.

El hospital de Muhororo funciona en la práctica como un centro comunitario. En el predio y los patios se congregan habitualmente familias y chicos de la zona, lo que convierte al hospital en un punto de encuentro y contención diaria en medio de la devastación. El hospital es, ante todo, un lugar seguro. Esa noción de refugio se vuelve oficial en un momento de tensión, cuando los rumores sobre el avance de grupos armados vuelven a alterar la calma de la comuna. Frente a esa posibilidad, el alcalde convoca a una asamblea de emergencia a la que acuden las autoridades locales, la población y los observadores internacionales que operan en la zona. Norma asiste a la reunión acompañada por Vaca y Rafael, sus colaboradores locales, para medir la temperatura del ambiente y entender el alcance de la amenaza.

 

Frente a la comunidad, el alcalde afirma que solo existen dos territorios estrictamente neutros e inviolables en toda la comuna: el propio hospital y la casa de los musungus, la vivienda donde residen Norma y el equipo. De este modo, la casa de la enfermera argentina y el predio sanitario quedan ratificados públicamente ante todo el pueblo como los dos últimos bastiones de amparo y supervivencia para la población civil.

El genocidio de 1994 provocó, además, el colapso estructural del sistema de inmunización de Ruanda, lo que generó un desplome de la cobertura nacional de vacunación a menos del 30% en 1995, según revelan los reportes epidemiológicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y un vertiginoso incremento en la incidencia de enfermedades prevenibles por vacunación (VPD); ese mismo año se registraron unos 28 000 casos de sarampión, en un contexto donde el programa de rutina únicamente ofrecía seis vacunas tradicionales. El rumor de brotes epidémicos, sumado al pánico atávico a las matanzas, motivó una fuerte demanda de protección. En ese contexto, se despliega una jornada de vacunación masiva sin precedentes en la comuna. Entre las once de la mañana y las tres de la tarde, Norma inmuniza a más de 1.500 personas. La población se agolpa a las puertas del predio en un flujo ininterrumpido, movida por el miedo a la muerte y al sufrimiento. Muchos vuelven a ponerse en la fila para vacunarse una y otra vez.

El alcalde le solicita a Norma extender la campaña de vacunación a toda la población carcelaria. El penal amenaza con convertirse en un foco epidémico crítico debido al hacinamiento. La situación judicial de los prisioneros refleja la precariedad de un país devastado: sin un sistema judicial formal, la custodia y el juzgamiento dependen de la junta militar y del propio alcalde, lo que mantiene tras las rejas tanto a hombres acusados de participar en las matanzas del genocidio como a detenidos por delitos menores de subsistencia. Las cifras que Médicos Sin Fronteras documentó ese mismo año son escalofriantes: en todo el país, más de 55.000 personas estaban hacinadas en prisiones diseñadas para albergar a 12.000 reclusos. En Gitarama, una cárcel para 400 reclusos albergaba a 7.000, y cada día morían cuatro personas por desnutrición y enfermedades.

Trasladados al hospital en fila, los 200 prisioneros llegan maltratados y amarrados de pies y manos con pesadas cadenas y grilletes. Norma los vacuna uno por uno. Lejos de mostrar agresividad, los hombres –imposibilitados de mover los brazos por el peso del hierro– inclinan la cabeza y esquivan el contacto visual, abrumados por la vergüenza.

Luego de ocho meses de trabajo ininterrumpido en Muhororo, Norma da por concluida una tarea de reconstrucción profunda. Deja un hospital funcionando: la farmacia reordenada caja por caja, los protocolos de higiene y aislamiento puestos en marcha, la atención primaria restablecida y el personal local capacitado para sostener la dinámica diaria del centro sanitario. Con el hospital funcionando de manera autónoma y tras cumplir su misión en el tiempo indicado, la organización la reasigna junto a su equipo de colaboradores al hospital de Rwinkwavu, una instalación dotada de planta de oxígeno y salas quirúrgicas equipadas por la cooperación belga.

Rwinkwavu: la peste de meningitis, la toma del hospital y la evacuación

Durante el viaje a Rwinkwavu se podía ver el paisaje desolado de la provincia Oriental por la ventanilla de la camioneta. A lo largo de los caminos de tierra, los cadáveres yacían a los costados de la ruta y los pobladores caían atrapados por una ola fulminante de meningitis. A la distancia, entre las colinas de casas dispersas, el humo marca los puntos donde las familias creman los restos de sus seres queridos, intentando evitar la propagación de la peste.

—Veías una columna de humo y sabías que algo terrible estaba pasando en esa familia. Y pensaba, “Dios mío, si existe el infierno, este es el infierno”.

De acuerdo con los boletines sanitarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 1995 y 1996, la región de los Grandes Lagos enfrentó la mayor epidemia de meningitis bacteriana del siglo XX en África subsahariana, un brote continental que dejó más de 250.000 contagios y 25.000 muertes. La cobertura de vacunación (que había caído por debajo del 30 %), el hacinamiento y el polvo de la época seca aceleraron la propagación de la Neisseria meningitidis.

A la guardia del centro sanitario llegan a diario niños ardiendo en fiebre y sacudidos por convulsiones, muchos de ellos con pequeñas incisiones sangrantes en la frente, la nuca, el vientre y las rodillas. Eso llama poderosamente la atención de Norma. Al preguntar de qué se tratan esas lesiones, los trabajadores locales le explican que esas heridas provienen del tratamiento con el que un curandero o brujo intenta curar a los enfermos. Abren la piel para permitir que salgan los malos espíritus.

Sin laboratorios para procesar cultivos, la urgencia exige aplicar un procedimiento de diagnóstico directo. Con la aprobación de Abel Pasqualini, Norma realiza punciones lumbares a los enfermos que ingresan con fiebres altas, convulsiones y rigidez de nuca. La extracción de un líquido cefalorraquídeo purulento, espeso y turbio —con el aspecto inconfundible del agua de arroz quemado— confirma el cuadro en el acto. Sin acceso a unidades de terapia intensiva, aplican un tratamiento de shock: la administración de 24 millones de unidades de penicilina combinadas con cloroquina por vía endotraqueal e intramedular, junto a un esquema de rehidratación intensiva. El protocolo reduce drásticamente la letalidad y Pasqualini sistematiza los datos del procedimiento para su elevación a las Naciones Unidas.

A diferencia del centro de Muhororo, el hospital de Rwinkwavu alberga una infraestructura estratégica: es el único de la región equipado con sistemas de oxígeno y capacidad quirúrgica, lo que lo convierte en un objetivo codiciado por las facciones armadas para la asistencia de sus heridos. Ante el masivo avance de milicias procedentes de los campos de refugiados en Zaire y el aumento de los riesgos, Abel Pasqualini ordenó mantener todo dispuesto para una evacuación de emergencia. Para garantizar una salida veloz en cuanto la situación se vuelva insostenible, envía dos camionetas como refuerzo. La orden es permanecer atentos para cargar en minutos los valiosos equipos de radiocomunicación, paneles solares y generadores, evitando a toda costa que un repliegue intempestivo los obligue a abandonarlos o a dejarlos en manos de los grupos armados.

El equipo reside en una casona colonial. El patio de esa construcción es una fosa común que albergan más de 500 cadáveres del genocidio. Durante los seis meses de lluvias continuas, el agua remueve la tierra roja y descubre los restos, lo que obliga a solicitar topadoras a los Cascos Azules de la ONU para volver a taparlos. Norma se encierra en su habitación. Reforzó la puerta y tiene siete cerrojos. Por las noches, la atmósfera se enrarece: patrullas armadas rodean el predio e interrogan a los empleados ruandeses mientras los golpean para averiguar si la enfermera se encuentra sola. Los interrogan sobre los movimientos de la casa y las actividades de los musungus. En ocasiones, los militares pasan toda la noche rodeando la propiedad con sus motos en una abierta actitud intimidatoria. Al circular por los caminos, las tropas adoptan conductas provocativas con la población local, y Norma debe contener la reacción impulsiva de Igor y Constantín, los médicos ucranianos, para evitar un desenlace trágico.

Una mañana, al arribar al centro sanitario para iniciar la jornada diaria, Norma encuentra el predio ocupado por un contingente armado que desmanteló los pabellones en un rápido operativo de requisa. Para equipar campamentos en los alrededores, los soldados retiraron los colchones, arrojando a los enfermos convalecientes y a los pacientes recién operados al suelo.

Norma camina recta hacia el oficial al mando. Abriéndose paso entre los fusiles y la tropa, confronta al comandante con la firmeza de su autoridad médica:

—¿Por qué no se me informó que iban a tomar el hospital? Me tiraron a los pacientes al piso. ¿No ve que son personas? Me los vuelven a poner en las camas inmediatamente. Si sus propios soldados caen heridos, bienvenidos sean y los vamos a atender, pero este lugar es para los enfermos. Acá faltan colchones y tienen que aparecer ahora mismo.

El comandante ordena identificar a los tres soldados responsables del despojo. Frente a todo el personal médico y las tropas formadas, el oficial dispone que los tres hombres sean azotados en el lugar para restaurar la disciplina de la tropa. Segundos después, los combatientes comienzan a acarrear los colchones de vuelta a los pabellones y a reubicar a los enfermos, mientras el comandante se presenta ante la enfermera para pedirle disculpas formales.

Esa misma tarde, cuando Norma regresa al hospital para asistir un parto de urgencia, se encuentra con un escenario transformado. El contingente militar permanece alineado a lo largo del pasillo central en perfecto orden de formación. A su paso, los mismos combatientes cuadran la postura y le rinden el saludo militar con la cabeza en alto. Norma avanza por el pasillo impresionada por esas señales de respeto, pero en ese mismo instante comprende la situación: la corrieron del hospital. El centro ya está bajo el control definitivo de las tropas. Al terminar con el parto, regresa a la casona e inicia de inmediato los preparativos para la evacuación.

La retirada se ejecuta bajo un protocolo de estricto disimulo para evitar que las tropas confisquen el equipamiento o retengan al personal. Durante la noche previa, en el interior de la casona, desmantelaron equipos y cargaron todo en las camionetas. Para que los pertrechos no caigan en manos del Ejército, regalan los muebles, la heladera y las herramientas a los empleados ruandeses. Antes de subir a los vehículos rompen sus remeras con las siglas de la organización y las dejan colgadas en la cerca de entrada.

A las diez de la mañana del día siguiente, las camionetas encienden sus motores. Norma instruye a los ucranianos sobre cómo actuar en los controles de carretera:

—Tranquilos. Los quiero todo el viaje con una sonrisa de oreja a oreja. Si preguntan, decimos que vamos a la capital a buscar insumos y que volvemos mañana.

Mientras dejaban Rwinkwavu sonaba la canción “You leave my heart“. En los puestos de control reparten lo que queda: cigarrillos, alimentos y medicamentos.

Viajan los 120 kilómetros hasta Kigali. Días después, Norma vuela a España y luego a la Argentina. Llega a la casa de sus familiares en Miramar la tarde del 23 de diciembre de 1996, en vísperas de Nochebuena.

La violencia de los años siguientes se cobra la vida de varios de sus colaboradores locales: Kempes y Ardiles son asesinados e Innocent fallece al poco tiempo. Vaca permanece en Ruanda y adopta a siete niños huérfanos. Rafael emigra a Inglaterra, obtiene un doctorado en Teología y regresa a Kigali para fundar una ONG dedicada al refugio de mujeres jóvenes.

A la distancia, Norma sintetiza el sentido de esa misión con la misma precisión directa con la que operó en el terreno: “Para mí Ruanda fue nacer como persona. A pesar de todo, fui feliz”.

Apéndice: el desenlace del conflicto

El fin de la misión de Norma Sarrode coincidió con una reconfiguración política e internacional en la región. Tras consolidarse en el poder, el gobierno de Ruanda comenzó a restringir la presencia de las misiones extranjeras, dispuso la expulsión de decenas de organizaciones no gubernamentales y solicitó el retiro de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda (UNAMIR), que concluyó formalmente en marzo de 1996. Sin la protección ni el respaldo logístico de la ONU, la creciente militarización de la infraestructura crítica –incluyendo las instalaciones sanitarias– y la pérdida de la tregua neutral en el terreno hicieron inviable la permanencia de los equipos humanitarios desplegados en el interior del país. Algunas misiones se replegaron, otras organizaciones mantuvieron operaciones activas del otro lado de la frontera.

Zaire estaba gobernado por Mobutu Sese Seko, un dictador que llevaba tres décadas en el poder y que brindaba amparo a las ex fuerzas ruandesas que operaban desde la frontera. Para neutralizar esa amenaza en su origen, el gobierno de Ruanda pactó una alianza con Laurent-Désiré Kabila, un histórico líder rebelde congoleño, armando y respaldando a sus tropas para derrocar al régimen. Esta alianza ejecutó una ofensiva conjunta que logró su objetivo en 1997: Mobutu fue depuesto y Kabila asumió la presidencia de la rebautizada República Democrática del Congo. Sin embargo, la alianza duró poco. Al año siguiente, cuando Kabila intentó romper la dependencia con sus antiguos patrocinadores y expulsar la presencia militar ruandesa de su territorio, Ruanda volvió a invadir el país vecino. Esa ruptura desató la Segunda Guerra del Congo (1998-2003), un complejo conflicto regional que involucró a nueve naciones.

En julio de 2003 se instauró en Kinshasa el Gobierno de Transición de la RDC (bajo la fórmula “1+4”: Joseph Kabila como presidente, acompañado por cuatro vicepresidentes representantes de los principales grupos rebeldes y la oposición). Con la retirada de todos los ejércitos extranjeros (Ruanda, Uganda, Zimbabue, Angola y Namibia) y la integración de las facciones en un gobierno provisional, la Segunda Guerra del Congo se dio por oficialmente terminada. Sin embargo, la frontera oriental del Congo continuó sumida en la inestabilidad y en una guerra de baja intensidad entre el gobierno de Kinshasa, las milicias hutus y las guerrillas respaldadas por Ruanda, una dinámica que persiste hasta el día de hoy.

En el plano interno, según los análisis de evaluación de Human Rights Watch, el Estado ruandés encaró el juzgamiento de los crímenes del genocidio a través de los tribunales comunitarios Gacaca. En términos identitarios, el Estado abolió la diferenciación entre hutus y tutsis en los documentos oficiales: eliminó esas categorías de la vida pública bajo la premisa de que todos los habitantes son, simplemente, ruandeses. Esta política fue acompañada por un orden urbano estricto y un acelerado desarrollo económico, lo que transformó a Ruanda en una de las naciones más estables de la región.

Esa transformación, no obstante, se consolidó bajo la figura de Paul Kagame mediante un modelo autocrático. La estabilidad y el crecimiento económico ruandés coexisten con la concentración del poder, la restricción de la oposición política, la censura a la prensa libre y la persecución a la disidencia, mientras las tensiones militares en la frontera con la República Democrática del Congo se mantienen hasta hoy.