Pablo Andrés Farías
Director del Centro de Investigación en Inteligencia Estratégica – UNDEF
Las pérdidas de capacidades nacionales no siempre se manifiestan mediante un acontecimiento disruptivo ni adquieren relevancia inmediata en la agenda pública. Pueden configurarse gradualmente a partir de decisiones sectoriales aisladas que, sin una apreciación anticipatoria adecuada, reducen progresivamente las opciones estratégicas del Estado.
Mediante un análisis conceptual y comparación indicativa de casos que evidencian patrones y regularidades, el ensayo propone, desde el prisma de la Seguridad Estratégica del Estado, reconocer tempranamente esas transformaciones y preservar la libertad de acción ante escenarios emergentes o de interés nacional.

Lo que existe antes de ser reconocido
Hay conflictos que se reconocen por los acontecimientos que los vuelven visibles y otros que sólo pueden comprenderse reconstruyendo una trayectoria. Los primeros presentan una ruptura: una crisis, una agresión, una modificación manifiesta del statu quo.
Los segundos se forman con cambios graduales, muchas veces razonables en su ámbito: una dependencia que se incrementa, una capacidad que se degrada, un proveedor que adquiere centralidad, una función que modifica su régimen de prestación. Ninguno constituye por sí solo un conflicto manifiesto; articulados en conjunto, pueden modificar la libertad de acción del Estado.
Ese espacio intermedio entre la normalidad y la ruptura es el que aquí se llama por debajo del umbral, expresión que alude al límite entre paz y conflicto, pero también al punto en que una dinámica no adquiere significación suficiente para entrar en la agenda pública, sensibilizar al sistema político o activar una evaluación estratégica.
McCombs y Shaw (1972) mostraron que la existencia de un asunto no determina su relevancia pública; Kingdon (1984) separó las condiciones existentes de los problemas que logran ingresar en la agenda decisoria. Sin trasladarlos mecánicamente al campo estratégico, permiten preguntar qué ocurre mientras un proceso existe y todavía no se lo reconoce como problema: las instituciones interpretan sectorialmente, las dependencias se profundizan y las alternativas disminuyen.
Así entendido, el umbral de relevancia estratégica constituye el punto en que un cambio comienza a ser interpretado institucionalmente por sus posibles efectos sobre intereses, capacidades o libertad de acción.
Puede considerarse alcanzado cuando, respecto de una función o espacio crítico, se verifica una variación sostenida en la frecuencia, duración, alcance o costo de una perturbación que exige coordinación interagencial, reasignación de recursos o tratamiento político-estratégico; apreciación que requiere una línea de base, indicadores trazables y evidencia verificable, y no presupone necesariamente una intención hostil.
Los sistemas políticos reaccionan mejor ante rupturas que ante pendientes. Economía observa un mercado; infraestructura, un servicio; ciencia y tecnología, una dependencia; inteligencia, señales ambiguas; Defensa, consecuencias sobre capacidades. Cada lectura puede ser correcta sin que el Estado interprete el efecto agregado.
Esa brecha entre lecturas sectoriales y efecto agregado da lugar a la noción de conflictos silenciosos: no porque se carezca de información, sino porque se trata de dinámicas que, aunque observables de manera aislada, evolucionan por debajo del umbral de problematización político-estratégica. Sin una apreciación anticipatoria integrada, sus efectos convergentes sobre las capacidades, los intereses y la libertad de acción del Estado pueden permanecer inadvertidos durante períodos prolongados.

Este proceso puede producir una erosión por goteo, entendida como la reducción acumulativa de alternativas viables derivada de transformaciones que, consideradas aisladamente, no suscitan una revisión estratégica suficiente. El goteo no reside en la intensidad de cada acontecimiento, sino en la persistencia de una trayectoria que estrecha progresivamente el margen de elección. Esa trayectoria puede alcanzar un umbral de reversibilidad, a partir del cual la recuperación deja de ser viable dentro de los tiempos disponibles. En términos operativos, ese punto indica el agotamiento del margen de adaptación estratégica.
La erosión por goteo es una categoría analítica propuesta en este ensayo y funciona como hipótesis de trabajo, no como doctrina establecida. Su identificación exige reconstruir qué opción se encontraba disponible, cuándo dejó de ser practicable y mediante qué mecanismo se produjo esa pérdida, con evidencia y no por inferencia residual.
Tres autores permiten situar analíticamente esta cuestión. Keohane y Nye (1977) distinguieron la sensibilidad, que mide los costos de una perturbación dentro de un marco de políticas dado, de la vulnerabilidad, que mide los costos que persisten después de evaluar alternativas de adaptación. Strange (1988) sostuvo que el poder incluye configurar el contexto en que otros eligen, y Farrell y Newman (2019), que ciertas posiciones nodales pueden convertirse en instrumentos de presión: una red constituida para el intercambio puede adquirir luego una significación coercitiva imprevista.
La consecuencia es incómoda: la vulnerabilidad puede preceder a la amenaza. Dependencia, vulnerabilidad, riesgo, amenaza y conflicto nombran cosas distintas, y Buzan, Wæver y de Wilde (1998) advirtieron sobre el costo de securitizar lo ordinario; el propósito aquí consiste en identificar cuándo un proceso sectorial empieza a comprometer la libertad de acción, entendida como la conservación de alternativas suficientes para seleccionar, sostener y modificar una decisión propia bajo restricciones inevitables con márgenes de maniobra acordes con las exigencias de escenarios emergentes o de interés nacional.
La transformación del Estado y la continuidad estratégica
Las administraciones simplifican procedimientos, incorporan actores privados y digitalizan funciones. Nada de eso implica, por sí, pérdida de autonomía; una estructura flexible y abierta a la competencia puede ampliar opciones estratégicas. La rigidez también genera debilidades, y conservar estructuras cuya utilidad desapareció equivale a confundir herencia con capital.
La distinción entre estructura y función sostiene este argumento. Un puerto importa por el acceso y la movilidad que permite; una red de telecomunicaciones, por la conectividad que sostiene; una industria, a veces, por el conocimiento especializado cuya reconstrucción demandaría periodos prolongados.

La continuidad estratégica constituye la capacidad de mantener operativas o reponer oportunamente las funciones críticas cuando las condiciones ordinarias dejan de operar. Ese sostenimiento puede apoyarse en redundancia tecnológica, proveedores alternativos o acuerdos contractuales específicos: distintos medios, misma finalidad desde configuraciones diferentes..
No supone propiedad estatal ni regulación directa; exige conocer las dependencias y disponer de medios que permitan restablecer el grado de disponibilidad o control necesario para operar una función dentro de las temporalidades y esfuerzos políticos aceptables.
Esas temporalidades surgen de la evaluación de pruebas, contratos, inventarios, capacidades industriales y experiencia operacional, y deben revisarse permanentemente según la función crítica de que se trate.
Un antecedente comparado útil es la reforma de defensa australiana de la década de 1990, instrumentada mediante el Force Structure Review, el Commercial Support Program y, desde 1997, el Defence Reform Program, que buscó transferir al sector civil actividades de apoyo no centrales; la planificación mantuvo, sin embargo, como cuestión estratégica la base nacional de apoyo y la capacidad de sostener las Fuerzas.
El caso muestra que la eficiencia no puede evaluarse sólo por la reducción de costos o estructuras, sino por sus efectos sobre el sostenimiento logístico, la movilización y la recuperación de capacidades ante una contingencia, desplazando el debate desde el Estado hacia las condiciones que permiten preservar funciones críticas.
Esto introduce una variable que suele quedar subordinada a la eficiencia: el tiempo, del cual se deriva la noción de margen de adaptación estratégica, entendido como la relación entre el tiempo disponible antes de que una opción deje de ser útil y el tiempo que requiere el Estado para construir, activar o recuperar una alternativa; una capacidad reconstruible en cinco años no está estratégicamente disponible frente a una crisis que exige respuesta inmediata.
La operacionalización de esta categoría requeriría construir variables como las siguientes: criticidad de la función afectada, número y calidad de sustitutos y reservas, tiempo de activación o reconstrucción de cada uno, conocimiento técnico necesario, costo de reemplazar la opción comprometida y plazo máximo en que la función debe estar disponible. Un margen decreciente de ellas indicaría que la sensibilidad está aproximándose a una vulnerabilidad estratégica.
Este enfoque modifica también el concepto de eficiencia: lo óptimo bajo condiciones normales puede no serlo frente a disrupciones de baja probabilidad y consecuencias elevadas. Mantener redundancia parece innecesario hasta que desaparece la única alternativa, aunque sostener capacidades por su historia institucional tampoco es prudencia. No se trata de preservar todo, sino de saber qué no conviene perder sin comprender cuánto costaría recuperarlo.
Conviene distinguir dos planos que el debate público suele confundir. La desregulación funcional modifica quién provee una función o cómo se organiza su prestación, y la transformación estratégica que remite a la arquitectura organizacional y jurídico-normativa mediante la cual el Estado diseña, estructura, supervisa y preserva capacidades nacionales. Un proceso puede invocar la primera como justificación y, sin una evaluación integral, alterar la segunda como efecto no previsto.
La OCDE (2014) recuerda que la gobernanza estratégica de riesgos admite combinaciones institucionales diversas y que la cooperación público-privada puede fortalecer la resiliencia. Lo decisivo es que el Estado conserve capacidad para evaluar, controlar y restablecer lo esencial, con independencia de quién preste.
En esta construcción teórica, la Seguridad Estratégica del Estado opera como una perspectiva analítica transversal para examinar la continuidad de las funciones críticas y la preservación de opciones. Ambas dimensiones contribuyen a la libertad de acción, entendida no como autosuficiencia, sino como capacidad de decidir y actuar dentro de restricciones inevitables, con márgenes de maniobra adecuados ante escenarios emergentes o de interés nacional.
Cinco trayectorias, cinco mecanismos
La literatura sobre zona gris (Mazarr, 2015; Echevarria, 2016; Green et al., 2017; Baqués, 2017) describe estrategias que persiguen objetivos políticos de manera incremental, ambigua y asimétrica, por debajo de los umbrales que activarían una respuesta convencional; Schelling (1966) llamó salami slicing a las intrusiones graduales.
Los tres primeros casos se examinan desde este marco. Sus datos no permiten probar, por sí solos, una intención deliberada, pero sí identificar patrones capaces de producir el efecto descripto.

Para el análisis de la continuidad estratégica, la existencia de un diseño deliberado de un actor hostil no es condición necesaria para diagnosticar una reducción de alternativas o del margen de adaptación.
Sin embargo, la atribución no es secundaria: cuando la evidencia permite establecerla, determina la naturaleza y proporcionalidad de la respuesta estatal, así como el marco jurídico aplicable. Por ello, una trayectoria deliberada y una vulnerabilidad no intencional pueden generar efectos convergentes sobre la libertad de acción, aunque demandan decisiones, instrumentos y responsabilidades institucionales diferentes.
Los cinco casos son ilustrativos de mecanismos y no representativos del universo de interés. Su finalidad es analizar esos procesos e ilustrar el diagnóstico, cuya utilidad deberá contrastarse en estudios posteriores.
Taiwán: normalización gradual de la presión
El Ministerio de Defensa de Taiwán informó que el 9 de septiembre de 2026 detectó dieciséis aeronaves militares chinas, once de las cuales cruzaron la línea media del Estrecho; el 5 de septiembre había informado veinte, doce con cruce (MND, 2026). Las cifras no permiten inferir intenciones; su interés reside en que actividades inicialmente excepcionales pueden volverse recurrentes y normalizarse.
En ese proceso la distinción entre rutina y cambio estratégico se torna menos visible y la práctica puede redefinir los umbrales de tolerancia, mientras quien responde debe sostener atención y recursos sin transformar cada episodio en crisis.
El caso sugiere que el seguimiento de los espacios marítimos y aeroespaciales no puede limitarse a episodios aislados: la continuidad del conocimiento situacional y de los medios de vigilancia permite distinguir lo recurrente de las modificaciones progresivas del entorno operacional.

Scarborough: consumación gradual
Según el Asia Maritime Transparency Initiative, la Guardia Costera de China acumuló 516 días-buque en torno al banco en 2024, 1.099 en 2025 y 933 durante el primer semestre de 2026, una cifra cercana al total registrado durante todo el año anterior. El promedio mensual ascendió de 90 días-buque en el primer semestre de 2025 a 156 en igual período de 2026.
Cada actividad puede presentarse como una operación ordinaria de guardia costera o de carácter científico; por sí sola, ninguna alcanza el umbral de un acto de fuerza.
Articuladas en el tiempo, modifican el control práctico del espacio sin que pueda identificarse un momento en el que el statu quo haya sido abiertamente alterado: el hecho consumado no radica en un episodio, sino en una trayectoria de presencia, y los instrumentos de guardia costera preservan una ambigüedad que eleva los costos de la respuesta (Elizondo, 2019). Presencia, acceso y conocimiento del espacio no se preservan mediante declaraciones de interés: se construyen acumulativamente y exigen medios sostenidos.
Campañas híbridas: fragmentación organizacional
En marzo de 2026, el Consejo de la Unión Europea aprobó conclusiones en las que condenó campañas híbridas persistentes atribuidas a la Federación de Rusia. El 13 de julio, la Alta Representante atribuyó al Centro 16 del FSB la conducción de grupos cibernéticos que, según el Consejo, infiltraron redes gubernamentales y sabotearon infraestructura crítica en varios Estados miembros (UE, 2026).
Aquí el umbral se define también por la disputa en torno a la atribución: la dificultad para establecer responsabilidades puede impedir una respuesta política coherente. La fragmentación institucional puede reproducir, dentro del Estado, los efectos que una acción hostil procura generar desde el exterior.
El problema plantea una exigencia institucional concreta: integrar indicios procedentes de distintas áreas y distinguir con precisión entre evidencia, atribución e incertidumbre.

Minerales críticos: ¿vulnerabilidad sin adversario?
El inventario de la OCDE de 2026 informa que las restricciones a la exportación de materias primas críticas se quintuplicaron entre 2009 y 2024 y que cerca del 16 % del comercio mundial estuvo sujeto a alguna durante 2022-2024, con porcentajes mayores para cobalto (67 %), manganeso (66 %), tierras raras (45 %) y grafito natural (47 %).
No hay intención identificable ni conflicto. Hay concentración y plazos de sustitución que pueden resultar incompatibles con la continuidad de funciones críticas. Se trata de una condición de vulnerabilidad estructural que podría convertirse en recurso de coerción si un actor con capacidad de control decidiera explotarla, como describen Farrell y Newman.
La Defensa debe reconocer qué insumos y conocimientos industriales sostienen sistemas críticos y anticipar sustitutos, reservas y acuerdos antes de que una contingencia convierta la dependencia en restricción o, eventualmente, en una vulnerabilidad que puede habilitar una estrategia coercitiva.
Gas europeo: acumulación y reversión
Según la Comisión Europea (2025), el gas ruso representaba el 45 % de las importaciones de gas de la Unión Europea en 2021, unos 150 bcm, y descendió al 19 % en 2024 y al 13 % en 2025. La dependencia se había configurado durante décadas mediante acuerdos y decisiones comerciales, y las interrupciones del tránsito por Ucrania en 2006 y 2009 ya habían revelado su fragilidad.
La crisis de 2022 no creó la vulnerabilidad, sino que expuso una trayectoria previa. La reversión fue posible porque existían sustitutos practicables, pero exigió más gas natural licuado, ampliar terminales y reducir la demanda en torno al 17 % entre agosto de 2022 y enero de 2025. Una alternativa comercialmente disponible no equivale a una opción estratégicamente activable: depende de infraestructura, contratos, financiamiento, tiempo y decisión política.
La movilidad y el sostenimiento de bases dependen de cadenas cuya fragilidad sólo se vuelve visible bajo presión; el caso europeo muestra que el momento para actuar es antes de la crisis, no durante ella.
Los cinco casos no deben fundirse en una categoría: muestran que la reducción de alternativas puede originarse en una acción deliberada, en una dinámica institucional o en una dependencia sin adversario identificable. Para la Argentina, el Atlántico Sur, la infraestructura crítica, la dimensión aeroespacial y las cadenas logísticas deben observarse desde una pregunta común: dónde una interrupción podría reducir alternativas futuras y cuánto demandaría recuperarlas.
Defensa Nacional como ámbito articulador de la apreciación estratégica
La secuencia clásica actor, intención, capacidad y amenaza conserva vigencia, pero resulta insuficiente para reconocer procesos graduales cuyos efectos se acumulan antes de adquirir relevancia político-estratégica.
Cáceres (2023) recuerda que la doctrina argentina concibe el empleo del instrumento militar ante agresiones de origen estatal y militar, mientras que las amenazas no cinéticas y la zona gris tensionan la delimitación entre Defensa y Seguridad; Elizondo (2019) advierte que la Argentina puede resultar vulnerable a estrategias de zona gris por la percepción de ausencia de amenazas y la falta de un ámbito común donde los asuntos estratégicos se examinen de manera integral.
El abordaje interagencial excede el intercambio de información: permite integrar significados y apreciar efectos convergentes. Una falla de anticipación ocurre cuando existe información sectorial suficiente, pero no una apreciación capaz de advertir a tiempo lo que esos procesos producen en conjunto; en ello debe trabajar la Defensa Nacional desde su competencia.
La continuidad estratégica excede un ciclo de gobierno y debe concebirse como política de Estado, compatible con distintas visiones sobre el alcance de la intervención estatal. Eso no equivale a llenar la agenda de alertas ni a securitizar toda transformación sectorial, sino establecer criterios para distinguir entre cambios que amplían las opciones nacionales y aquellos que reducen capacidades cuya recuperación demandaría plazos incompatibles con una crisis.

Reflexión estratégica final: el rol de la academia de la Defensa
El argumento central del ensayo es que un Estado puede perder libertad de acción sin que medie una decisión externa deliberada: basta con que se degraden funciones críticas mientras cada transformación sectorial parece razonable desde su propio ámbito. Para detectarlo a tiempo se requieren indicadores propios, tales como líneas de base, sustitutos disponibles y plazos de recuperación, antes de que la pérdida sea irreversible.
Desde esa base, el ensayo articula la continuidad estratégica de funciones y la preservación de opciones como criterios de política, la erosión por goteo como hipótesis diagnóstica y el margen de adaptación estratégica como variable operativa.
Los casos analizados revelan mecanismos diferenciados -normalización, presencia sostenida, fragmentación de la atribución, concentración estructural y acumulación histórica-, pero convergen en un mismo problema: procesos que, por debajo del umbral, reducen alternativas antes de ser reconocidos.
El pensamiento estratégico se ocupa, con razón, de actores, intereses y capacidades; prestando menor atención a los procesos que modifican gradualmente las condiciones de la acción estatal.
Allí la academia de la Defensa Nacional puede aportar una pregunta que suele permanecer dispersa entre racionalidades sectoriales:
¿qué capacidades nacionales deben mantenerse disponibles, bajo qué condiciones y en qué temporalidades, para preservar la libertad de acción del Estado?
Formularla no restringe la eficiencia ni cuestiona la participación de actores diversos: exige determinar las condiciones, los sustitutos y los plazos necesarios para que las capacidades críticas permanezcan disponibles, puedan reemplazarse o se recuperen oportunamente.
Para ello, la academia puede contribuir al análisis comparado de trayectorias, al examen de dependencias y a la estimación de temporalidades; su función no es multiplicar advertencias, sino construir criterios para distinguir cuándo una transformación amplía las opciones del Estado y cuándo, gradualmente, las reduce.
La Seguridad Estratégica del Estado exige que las capacidades críticas no sólo existan, sino que permanezcan disponibles, sean sustituibles o puedan recuperarse dentro de los plazos que impongan los escenarios de interés nacional. Preservar la libertad de acción exige, en consecuencia, anticipar la erosión antes de que la pérdida de opciones se vuelva irreversible.
Esto planea, como actividad permanente, determinar qué funciones no admiten interrupción, en qué plazos pueden recuperarse y cuándo la brecha entre el tiempo de recuperación y el tiempo disponible obliga a elevar el asunto al nivel Política de Estado.

