MESA EDITORIAL FORTÍN\
Hay nombres que sobreviven en los márgenes de la historia argentina: aparecen en notas al pie, en viejos documentos o en las memorias de una generación de funcionarios que entendía la política exterior como una cuestión de Estado y no de coyuntura. José María Ruda es uno de esos nombres.
Detrás de esa aparente discreción se encuentra una de las inteligencias más influyentes de la diplomacia argentina del siglo XX. Fue uno de los hombres que contribuyó a darle cuerpo al reclamo argentino por Malvinas y uno de los que mejor comprendió que la legitimidad histórica, por sí sola, no alcanza. Había que transformar esa razón histórica en una posición diplomáticamente sostenible: inscribir el reclamo en el proceso global de descolonización, construir apoyos en las Naciones Unidas y comprender las reglas, explícitas y tácitas, del sistema internacional.
Volver sobre su figura implica también pensar Malvinas más allá de 1982. La guerra ocupa un lugar central en la memoria nacional. Pero antes del conflicto bélico la Argentina logró instalar internacionalmente su posición, abrir negociaciones concretas con el Reino Unido y avanzar en mecanismos de aproximación que incrementaban la presencia argentina en las Islas. Ruda fue uno de los principales arquitectos de esa política.
Su aporte más profundo acaso haya consistido en comprender la especificidad internacional del caso Malvinas. Advirtió tempranamente que la Argentina debía disputar el sentido del conflicto: no se trataba de un problema clásico de autodeterminación, sino de una situación colonial atravesada por una controversia de soberanía. Esa lectura resultó decisiva para insertar el reclamo argentino en el escenario de descolonización impulsado por las Naciones Unidas durante la posguerra. El “alegato Ruda” ante el Comité de Descolonización fue la cristalización más visible de ese trabajo.
Concebía la diplomacia como una tarea paciente y acumulativa: incluso las causas más legítimas podían debilitarse cuando eran subordinadas a necesidades coyunturales de la política doméstica. Por eso insistía en preservar el marco jurídico construido alrededor de la Resolución 2065 y evitar acciones que permitieran al Reino Unido presentarse como la parte razonable del conflicto.
Ruda sabía que las grandes potencias no actuaban movidas por principios abstractos. Pero comprendía también que la política exterior no se reduce únicamente a relaciones de fuerza materiales. La construcción de confianza, el conocimiento profundo de la cultura política británica y la generación de intereses compartidos formaban parte, para él, de una política nacional inteligente. De allí surgió la idea de que la firmeza diplomática no es incompatible con la negociación. Esa lógica permitió, durante los años setenta, avanzar en acuerdos de comunicaciones, ampliar la presencia argentina en las Islas y generar vínculos concretos con los isleños sin abandonar el reclamo soberano.
Vista desde el presente, la figura de Ruda remite a una tradición que concebía la política exterior como un instrumento de largo plazo al servicio de una idea de nación. No resulta casual que la reforma constitucional de 1994 haya convertido la cuestión Malvinas en una cláusula permanente de la arquitectura institucional argentina. La Disposición Transitoria Primera no sólo reafirmó la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes; también consagró una forma de entender el reclamo: conforme al derecho internacional, respetando el modo de vida de sus habitantes y como parte de una política de Estado sostenida en el tiempo. En esa formulación resuenan muchos de los principios que Ruda ayudó a consolidar desde las Naciones Unidas.
Quizás por eso volver sobre su figura no implique únicamente un ejercicio de memoria diplomática, sino también una pregunta sobre el presente argentino: si el país todavía es capaz de sostener objetivos históricos más allá de las urgencias del corto plazo.