20 May Sintonía entre seguridad y defensa: Un modelo de política de Estado

Sintonía entre seguridad y defensa: Un modelo de política de Estado

En un contexto donde la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los argentinos, especialmente en la provincia de Buenos Aires, la “Ley Petri” o ley 27.375 emerge como un ejemplo de cómo las políticas de Estado bien pensadas y a largo plazo pueden ser herramientas efectivas para enfrentar situaciones de caos y violencia.

Autor: Daniel Romero, especialista en seguridad y narcoterrorismo

Luis Petri, actual Ministro de Defensa, presentó esta ley cuando era diputado nacional, con la visión de endurecer las penas para delitos graves, particularmente aquellos relacionados con el narcotráfico. La reciente ratificación de esta ley por parte de la Cámara de Casación Penal no solo valida su constitucionalidad, sino que también subraya su relevancia en la actual crisis de seguridad que vive el país.

La Cámara Federal de Casación Penal, con base en la Ley Petri, anuló un fallo que permitía la libertad asistida a un condenado por narcotráfico, estableciendo como doctrina plenaria que las restricciones del Código Penal y la ley de Ejecución Penal para estos delitos son compatibles con el principio de igualdad ante la ley. La decisión responde a una apelación del fiscal Raúl Pleé y busca evitar decisiones contradictorias en el futuro. Por mayoría, se determinó que las restricciones relacionadas con la ejecución de penas para delitos de narcotráfico son compatibles con la progresividad de la pena, el principio de igualdad y la razonabilidad de los actos de gobierno.

La provincia de Buenos Aires, con una frecuencia de homicidios en ocasión de robo que la padecemos y nos enluta diariamente, enfrenta un desafío significativo en términos de seguridad pública. Los robos y violaciones son constantes, y casos de alto perfil, como el juicio por abuso sexual del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, un protegido del Gobernador Kicillof, y sin duda otros tan o más aberrantes, destacan la urgencia de medidas efectivas para combatir la criminalidad.

En este escenario, la Ley Petri, que sin duda apoyará la gestión de Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad, cobra una importancia estratégica. Bullrich, conocida por su enfoque firme en temas de seguridad, ha demostrado que políticas como la Ley Petri no solo son útiles, sino necesarias para establecer un marco de seguridad más sólido y confiable. Ambos ministerios trabajaron juntos en varios proyectos de ley avalados por la Casa Rosada. Su implementación refuerza la idea de que pensar en políticas de Estado de manera permanente puede ofrecer soluciones duraderas en momentos de crisis como el actual.

Como periodista, me cuesta recordar otro momento en la historia política reciente donde los Ministerios de Seguridad y Defensa hayan mostrado una mayor sintonía. Este nivel de coordinación solo es posible en un contexto donde el Presidente permite que sus ministros actúen con autonomía y eficacia. Esta política de dejar hacer, pero observar, recuerda a la gestión de Carlos Menem, quien, curiosamente, también logró reducir drásticamente la inflación durante su mandato.

La colaboración entre el Ministerio de Defensa y el de Seguridad muestra cómo una visión conjunta y coherente podría transformar desafíos en oportunidades para mejorar la seguridad ciudadana. La Ley Petri, con su enfoque en la restricción de beneficios a delincuentes condenados, es un ejemplo de cómo una política bien diseñada y llevada en el tiempo puede tener un impacto significativo en la reducción de la violencia y el fortalecimiento del sistema judicial. Si bien el Ministerio de Defensa no interviene en asuntos de seguridad, no cabe duda de que la buena sintonía podría marcar la diferencia de cara al futuro. “La base está”.

Durante décadas, las Fuerzas Armadas han estado sin misiones claras, lo que ha resultado en una falta de despliegue, equipamiento y entrenamiento adecuados. Limitadas tanto política como legalmente por la narrativa unidimensional de los “Derechos Humanos”, fueron excluidas del Estado, dejándolo sin un planeamiento estratégico para enfrentar las nuevas formas de conflictos internos que el mundo enfrenta hoy en día, como las guerras híbridas, asimétricas y de séptima generación. Existen áreas en el territorio con alta densidad poblacional que son prácticamente inaccesibles para el Estado, llenas de drogas y armas de todo tipo. Argentina enfrenta estos riesgos, especialmente en la provincia de Buenos Aires, aunque sus autoridades los ocultan. La modernización del equipamiento militar y algunas mejoras emergentes que se están realizando podrían ser el comienzo de cambios profundos. Es esencial un trabajo conjunto que incluya el planeamiento estratégico por parte de las Fuerzas Armadas, y que la investigación y ejecución sean llevadas a cabo por las Fuerzas de Seguridad y Justicia.

En conclusión, la situación actual en la provincia de Buenos Aires requiere de medidas audaces y efectivas. La Ley Petri, impulsada por el Ministro de Defensa cuando era diputado, es una muestra de cómo las políticas de Estado bien concebidas y la colaboración interministerial pueden ser cruciales para enfrentar y superar momentos de caos, ofreciendo un camino hacia una sociedad más segura y justa, donde se permita trabajar y producir en paz.