Esta serie de publicaciones Equidad de Género y Defensa: Una política en marcha tiene como objetivo principal difundir las actividades impulsadas, desde el año 2005 en el Ministerio de Defensa en relación con la situación de las mujeres en las Fuerzas Armadas, hasta la actualidad
Desde el comienzo el Estado Nacional a través de este ministerio, ha compromiso de generar una política integral sobre el tema, en el entendimiento de que están pendientes desafíos indispensables
La lucha por la erradicación de las discriminaciones de género que ponen en jaque la posibilidad de que prime la igualdad de trato entre hombres y mujeres ocupa gran parte de la cuenta de asuntos pendientes de nuestras sociedades, en sus más diversos ámbitos, incluidas las fuerzas armadas.
El acceso de las mujeres a las Fuerzas Armadas constituye un aspecto formalmente resuelto en la mayoría de nuestros países. No obstante, debe admitirse que el ingresar no garantiza condiciones equitativas en el desarrollo de la vida profesional. Existe un conjunto de elementos que muestra hasta qué punto el avance hacia la igualdad se agota en el acceso a la institución, disminuyendo luego las posibilidades de un desarrollo sustancialmente equitativo quedando desatendidos requerimientos básicos conforme el nuevo escenario de diversidad de género.
El carácter estructural de la situación de desventaja en que se
encuentran las mujeres en nuestras sociedades, no obstante las conquistas evidentes de sus luchas, obliga también a incluir dentro del análisis y la búsqueda de soluciones a la relación entre el desarrollo profesional y los proyectos de vida. Estos aspectos deben ser particularmente compatibilizados en el caso de las mujeres, pues asumen un caudal significativo de responsabilidades por fuera del orden laboral formal, tan esenciales para el desarrollo de la vida social como invisibilizadas.
Estas circunstancias han conducido a la construcción de un marco jurídico que compromete a los Estados, tanto frente a la comunidad internacional como en lo interno, a la adopción de políticas específicas en todas las áreas de gobierno que impulsen la promoción de mejores condiciones para el desarrollo de sociedades igualitarias y la prohibición expresa de establecer, fomentar o tolerar la existencia de reglas o prácticas discriminatorias por diversos motivos, entre ellos expresamente el género.
En este contexto, la adopción de una perspectiva integral de género constituye un primer paso en la asunción de esas responsabilidades desde el lugar de gobierno que hoy nos compromete.
Los materiales que se presentan en esta serie de publicaciones muestran algunos de los pasos dados en ese sentido conforme al compromiso que ha asumido el Estado Nacional, respecto a esta cuestión en igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. (Extracto del prólogo)