El Decreto N° 1179/16, reglamentario del Artículo 18 de la Ley de Ética Pública N° 25.188, establece dos registros clave para promover la transparencia y prevenir posibles conflictos de interés en la función pública: el Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos y el Registro de Viajes Financiados por Terceros. Estos registros están en funcionamiento desde el 16 de febrero de 2017, bajo la supervisión de la Oficina Anticorrupción.

¿En qué consisten estos registros?

Registro de Obsequios: Todos los funcionarios públicos deben registrar cualquier obsequio que reciban, siempre que las normas permitan su aceptación. Estos obsequios pueden ser recibidos con motivo de su cargo o en el marco de sus funciones. El registro incluye información sobre el tipo de obsequio, su valor y el nombre de la persona o entidad que lo entregó.

Registro de Viajes Financiados por Terceros: De manera similar, los funcionarios públicos deben declarar los viajes que realicen y que sean financiados por terceros, como organizaciones o empresas, si el viaje tiene relación con su cargo y es permitido por las normativas vigentes. Este registro incluye detalles sobre el destino, la duración del viaje y el financiamiento recibido.

Objetivos de los Registros

El principal objetivo de estos registros es garantizar la transparencia en la función pública y evitar situaciones de conflicto de interés. Al poner en evidencia los regalos y los viajes financiados por terceros, se busca evitar que los funcionarios públicos reciban beneficios que puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones o en la toma de decisiones.

Además, los registros permiten a la ciudadanía acceder a la información sobre estos beneficios y analizar cualquier situación que pudiera generar dudas sobre la ética y la imparcialidad de los funcionarios.

Acceso Público y Consulta

Ambos registros son de acceso público y están disponibles para su consulta en la página web de la Oficina Anticorrupción y en el portal datos.gob.ar. Esto facilita la transparencia y permite que cualquier persona interesada pueda verificar qué obsequios o viajes han sido reportados por los funcionarios públicos.

Con estos registros, se fortalece la confianza pública en las instituciones y se asegura que la conducta de los servidores públicos se mantenga dentro de los principios de ética y responsabilidad.