Retos de los conflictos armados contemporáneos y otras situaciones de violencia

Marcos Pablo Moloeznik
Profesor de la Universidad de Guadalajara y Profesor Honorario de la Universidad del Gran Rosario.

A Winston Churchill, primer ministro de la Gran Bretaña durante la segunda conflagración mundial (1939-1945), se le atribuye la frase: “La historia de la humanidad es la historia de la guerra”; porque prácticamente a lo largo del devenir histórico del hombre no se presentan periodos caracterizados por la paz e, incluso, los cortos interregnos de ausencia de conflictos armados servían para prepararse para la siguiente guerra, acuñándose el término “paz armada”.

En otras palabras, la guerra es una constante histórica que demuestra que es la realpolitik la que domina el escenario internacional, por lo que conviene dar cuenta de los retos que traen aparejados los conflictos armados contemporáneos a partir de la identificación de sus notas esenciales que los separan de los que los precedieron.
Se trata de lo que se denominan conflictos armados de la postguerra fría, conflictos armados de cuarta generación o guerras híbridas, término acuñado por James N. Mattis y Frank G. Hoffman, oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos (USMC) en 2005, cuya emergencia coincide con la implosión de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991.

En tanto que los organismos de monitoreo internacional y jurídico registran en el año en curso entre 110 y 130 conflictos armados activos en todo el mundo, con una afectación de cerca de 60 países; siendo la mayoría de estos de carácter no internacional.
Y es que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reconoce solo dos tipos de conflictos armados: los conflictos armados internacionales (CAI), tradicionales e interestatales, en los que se enfrentan fuerzas armadas de dos o más Estados-nación, y los conflictos armados no internacionales (CANI), intrasociales e internos, en los que se enfrentan instrumentos coercitivos del Estado contra grupos armados organizados o estos últimos entre sí en el seno de un Estado.

Para que exista un CANI, a partir de la jurisprudencia del extinto Tribunal Penal para la ex Yugoslavia (TPIY), la comunidad internacional acepta que se deben cumplir dos condiciones:
En primer lugar, la intensidad de la violencia que debe superar a los actos aislados y esporádicos; siendo necesario que el enfrentamiento alcance un umbral de intensidad de la violencia que no pueda controlarse mediante la actividad policial habitual en tiempo de paz, es decir, que imponga la intervención de las fuerzas armadas. Mientras que entre los elementos indicativos para evaluar el nivel de dicha intensidad se contemplan: el número de enfrentamientos y la duración e intensidad de cada uno de los mismos; el tipo de medios (armas y equipamiento militar utilizado); el número y el calibre de las municiones utilizadas; el número de combatientes y los tipos de fuerzas que participan en los enfrentamientos; el número de víctimas; la extensión de la destrucción material y el número de civiles expulsados de las zonas de combate. También, en algunos casos se suele tomar en cuenta la eventual intervención del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En segundo lugar, la organización colectiva de las partes en conflicto, que le permitan llevar a cabo operaciones sostenidas y concertadas de combate. Para el entonces TPIY, en la evaluación de los grupos armados no estatales debe estar presente una serie de factores indicativos que incluyen elementos tales como: la existencia de una cadena de mando y de normas y mecanismos disciplinarios dentro del grupo; contar con un cuartel general; ejercer cierto control territorial; tener capacidad para aprovisionarse de armamento y de otro equipamiento; estar en condiciones de reclutar personal y de desarrollar entrenamiento militar; poder planificar, coordinar y ejecutar operaciones militares, incluyendo movimientos de tropas y logística; definir una estrategia militar unificada y emplear tácticas militares; contar con un vocero oficial; y, tener la capacidad para negociar y celebrar acuerdos de paz o de cese al fuego, entre otros.
Tratándose de un CANI, se aplica el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949: considerado un “convenio en miniatura”, tiende un manto de protección legal sobre las personas que no participan directamente o que dejan de participar activamente en las hostilidades, prohíbe (en cualquier tiempo y lugar) el homicidio en todas sus modalidades, la mutilación, la tortura y los suplicios, los tratos crueles e inhumanos, la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los humillantes y degradantes, así como las condenas dictadas sin que se observen todas las “garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados”, al tiempo que obliga a recoger y asistir a los heridos y enfermos. En síntesis, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra constituye una “vara mínima vinculante”, cuya observancia es obligatoria para cada una de las partes en conflicto, independientemente de ser actores estatales o no estatales.

En este marco, conviene señalar que a partir del estallido de hostilidades, ya sea un CAI o un CANI, el Derecho aplicable es el los Conflictos Armados (DICA), Derecho Internacional Humanitario (DIH) o Derecho de la Guerra (Jus in Bello), rama del Derecho Internacional Público que, como derecho de excepción, tiene por finalidad proteger a las víctimas de los conflictos y regular la conducción de las hostilidades. En otras palabras, el DIH regula las situaciones de conflicto armado una vez que surgen e independientemente de la parte que le dió inicio, es decir, se aplica solo en casos de conflicto armado y ha sido específicamente formulado para dichas situaciones, con el objeto de brindar protección sobre aquellos que no participan en las hostilidades (población civil o no combatientes) o que dejan de participar directamente en las mismas, tales como los prisioneros de guerra, los heridos en combate, los enfermos, y los náufragos, en caso de la guerra naval. Adicionalmente, persigue limitar los efectos de las hostilidades sobre los combatientes propiamente dichos, al establecer límites a los métodos (estrategias operacionales y tácticas) y medios (sistemas de armas) de hacer la guerra.

La idea-fuerza que subyace en el DIH es que mientras en el amor todo se vale, en la guerra hay límites establecidos por las normas consuetudinarias (costumbre, que se erige en la principal fuente del Derecho Internacional) y el derecho convencional o de los tratados (convenios e instrumentos jurídicos internacionales). Todo quebrantamiento o infracción grave a dichos límites importa un crimen de guerra que, por su propia naturaleza, es de carácter imprescriptible.

Retos de los conflictos armados contemporáneos

Ahora bien, siguiendo al filósofo de la guerra de Occidente, Karl von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, es la política misma que sustituye a la pluma por la espada, es por ende la política con derramamiento de sangre; para este pensador militar prusiano de la primera mitad del siglo XIX la guerra es un “verdadero camaleón, por el hecho de que en cada caso concreto cambia de carácter”; metamorfosis que presenta retos de la mano de la evolución de la ciencia y la tecnología, cuyo impacto es puesto de relieve por primera vez en el libro Antidühring por Frederick Engels, a quien le tocó cubrir la guerra de secesión norteamericana (1861-1865) como corresponsal de diarios londinenses.
El siglo XXI no escapa a este dinamismo, presentando así sus propias notas esenciales que caracterizan a las guerras de cuarta generación. En primer lugar, se destaca la prolongación temporal de las hostilidades. El profesor Martin Van Creveld demuestra que el promedio de las guerras se ha extendido de 6 meses a 7 años, convirtiéndose en guerras de desgaste material y psicológico que afectan fundamentalmente a la población civil y en un obstáculo para cualquier proyecto viable de nación. Lo que se encuentra agravado porque se suelen utilizar medios simétricos y asimétricos coordinados en tiempo, espacio y propósito para alcanzar una finalidad deseada, asociando los niveles de conducción táctico, operacional y estratégico, en lo que se ha dado en denominar “guerras híbridas”.

Por otra parte, se evidencia la complejidad para su categorización. Como ya se puso de relieve, para el CICR solo existen dos tipos de conflictos armados: los internacionales (CAI) y los no internacionales (CANI), y su categorización es clave para el establecimiento de las normas jurídicas aplicables. Lo que suele ocurrir es que en muchos casos no queda clara la separación entre guerra y actos criminales acompañados por una intensidad de la violencia que cumple con las condiciones de un conflicto armado.

La complejidad viene, asimismo, dada por actos descriptos como “híbridos” que incluyen el accionar tanto militar como no militar, así como operaciones que son abiertas o encubiertas, cinéticas o no cinéticas (por ejemplo, la desinformación o las ciber operaciones), letales o no letales. Además, muchos gobernantes se niegan a reconocer la existencia de un CANI. De ahí que suela recurrirse al término “zona gris”, que sugiere que la línea entre guerra y paz es difusa, o que el derecho vigente no es claro o no existe en ciertas situaciones.

No obstante, mientras algunas de estas modalidades son viejas y otras nuevas, el Derecho Internacional es aplicable a todas las situaciones y, a los fines de la aplicación o no del DIH, es cuestión de determinar si una situación específica constituye conflicto armado; para el CICR se debe revisar caso por caso para determinar la existencia de un CA.

En este marco, se observa en primer lugar la privatización y la consecuente pérdida del monopolio estatal de la guerra, en la que el Estado renuncia a la prerrogativa establecida desde el fin de la Guerra de los Treinta Años en Europa, tanto por su debilidad como por el peso y presencia de ejércitos privados o empresas militares que desempeñan funciones reservadas a las fuerzas armadas o, lo que es lo mismo, la subcontratación de funciones militares tradicionales a empresas privadas.

Se trata de una regresión a la época de los condottieri o lansquenetes, de mercenarios o perros de la guerra que se venden al mejor postor y que actualmente por ejemplo combaten en el conflicto armado Rusia-Ucrania en ambos bandos (del lado ruso destaca el grupo paramilitar Wagner); antítesis de los ejércitos ciudadanos. Así, en muchas regiones del orbe, como el África subsahariana, se constata un proceso de socialización de los costos de la guerra, que descansa en las espaldas de la población, y de privatización de las ganancias o utilidades obtenidas al calor de las hostilidades.

Por otra parte, se evidencia la elevada tasa de defunción de civiles por ser, mayoritariamente, conflictos armados de carácter no internacional (CANI), que dan al traste con el principio de distinción entre combatientes y no combatientes y que afectan sobre todo a la población civil; actualmente casi el 100 por ciento de las defunciones, mutilaciones y heridos de las guerras son no combatientes, cuya consolidación reside en el proceso de urbanización de los conflictos armados.

De este modo, los combates se desarrollan en zonas urbanas y muchas veces densamente pobladas, como por ejemplo la Franja de Gaza: uno de los riesgos más graves para la vida y los medios de sustento es el deterioro de servicios esenciales tales como la generación y distribución de energía eléctrica, el acceso al sistema de salud, el tratamiento del agua y de las aguas residuales, la recolección y eliminación de residuos sólidos, los sistemas de mercado que proporcionan alimentos y otros artículos básicos para los hogares, las telecomunicaciones, los sistemas financieros, la movilidad y transporte de personas y mercancías, la educación y, en general, todos los sistemas interconectados que las personas necesitan para vivir en entornos poblados.

Dicho en otras palabras, las guerras ya no se libran en el campo de batalla con el fin de alcanzar un objetivo político a través de una batalla decisiva; la violencia la ejercen diversos y complejos grupos de actores armados no estatales que luchan en medio de la población y que suelen utilizar a los civiles como escudos humanos, por lo que resulta difícil distinguir lo político de lo económico, lo público de lo privado, lo militar de lo civil. En este marco, se advierte una clara tendencia hacia la desmilitarización, fenómeno que encuentra sus raíces en dos vertientes principales: por un lado, la integración de instrumentos coercitivos por milicianos rápidamente reclutados por señores de la guerra o caudillos (warlords), lo que incluye a aproximadamente 300.000 niños combatientes, muy lejos de recibir una instrucción militar básica que los prepare para participar activamente en las hostilidades; por otro lado, el hecho de que los sistemas de armas (medios para el DIH) suelen ser livianos (de hecho, el fusil de asalto Kalashnikov AK-47 se erige como el símbolo de las guerras actuales), mientras que los escasos medios de uso militar convencional pesado, como la artillería y los tanques, constituyen rezagos de la Guerra Fría o era bipolar.

Por otra parte, se imponen las asimetrías entre las partes enfrentadas, dada la diferencia abismal existente entre la tecnología de las fuerzas armadas de países de mayor grado de desarrollo relativo y la de sus enemigos; ejemplo de ello son las Fuerzas de Defensa de Israel que dominan el espacio aéreo y marítimo de la Franja de Gaza y los grupos terroristas a los que combate. Esta dinámica expresa el contraste y las marcadas desigualdades en las capacidades militares de los beligerantes contemporáneos.Frente a estas asimetrías, el débil suele recurrir al incumplimiento del DIH en la conducción de hostilidades con el objeto de compensar sus desventajas, infringiendo los principios de distinción y de prohibición de la perfidia. Para superar el poderío militar del enemigo, los actores que se encuentran en desventaja suelen entremezclarse con la población civil y participar en diversas formas de guerrilla urbana, como por ejemplo Hamás en la Franja de Gaza y Hezbollah en el sur del Líbano; lo que, a su vez, da lugar a enfrentamientos militares en medio de zonas densamente pobladas, y expone a la población civil a mayores riesgos de sufrir daños incidentales e, incluso, dejar expedita la participación directa de civiles en las hostilidades, convirtiéndose en objetivo militar legítimo.

El principal reto de los conflictos asimétricos, siguiendo al jurista Nils Melzer, es el de la no reciprocidad e igualdad de los beligerantes: la asimetría generalmente hace que los enfrentamientos armados contemporáneos sean más sangrientos, lo que deja escaso margen para el imperio de la ley. También se intenta superar las deventajas mediante el “uso de acciones legales para causar problemas a un oponente”, de acuerdo con el Cambridge English Dictionary, definición de lawfare como recurso de degaste, como una modalidad de confrontación empleando instituciones jurídicas (leyes, fiscalías y jueces, principalmente) como armas, o método de guerra asimétrica no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar.
El impacto de las nuevas tecnologías en los métodos y medios de hacer la guerra. La tecnología digital, las herramientas cibernéticas y ciberoperaciones, la inteligencia artificial (IA) y los sistemas de armas cada vez más autónomos, son algunos aspectos a considerar. En particular, al CICR le preocupa el uso creciente de sistemas de armas con distintos grados de autonomía, y de sistemas que utilizan inteligencia artificial para contribuir a tomar decisiones sobre los objetivos y las modalidades de ataque; en otros términos, el uso de sistemas de armas (medios) con funciones o modos cada vez más autónomos, en especial pequeños drones armados y municiones de tipo loitering, también conocidas como “merodeadoras”.

Además, los conflictos armados contemporáneos presentan tendencias preocupantes en el plano tecnológico e informacional. Por una parte, se advierte el empleo de ataques cibernéticos por parte de actores tanto estatales como no estatales, concebidos para desestabilizar la infraestructura digital de gestión, los servicios esenciales y, en general, las economías nacionales. Por otra parte, cobra fuerza el uso de instrumentos de comunicación digital para acelerar y ampliar el alcance de operaciones de información que exacerban la violencia y pavimentan el camino para el quebrantamiento del DIH. A este escenario se añade la constante preocupación de Ginebra ante la posible afectación de las funciones y servicios civiles esenciales por su cada vez mayor dependencia de sistemas espaciales, de los cuales tampoco quedan exentas las operaciones militares.

Otro aspecto que llama la atención es el menor costo de ciertos medios como los drones y los misiles de fabricación propia que, por ejemplo, fueron proporcionados por la República Islámica de Irán a los hutíes para atacar blancos en Israel y Arabia Saudita, marcaron ex ante la diferencia a favor de Azerbayán en su guerra contra los separatistas armenios de Nagorno Karabaj, gracias al apoyo de Turquía, y que en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania han logrado la destrucción de sistemas de armas pesadas y sofisticadas como tanques y blindados de mucho mayor costo, y la neutralización del dominio de mar Negro ejercido por la armada de la Federación Rusa, cuyos buques de superficie demostraron ser por demás vulnerables, lo que quedó demostrado con el hundimiento del crucero Moskvá, buque insignia de la flota rusa del mar Negro, por el impacto de 2 misiles antibuque R-360 Neptune de fabricación ucraniana de bajo costo y, posteriormente, cuando con drones marinos fue echado a pique el César Kunikov, un gran buque de asalto anfibio ruso.

Retos de otras situaciones de violencia

En otro orden, a la luz de los eventos de violencia y vandalismo desarrollados recientemente en Francia, conviene reflexionar, aunque sea brevemente, sobre lo que el CICR denomina otras situaciones de violencia (OSV por su nomenclatura) en las que se encuadran dichos acontecimientos del Viejo Mundo.

Se trata de una zona gris a caballo entre la guerra y la paz que cuestiona severamente la seguridad pública, la tranquilidad, el orden púbico y la paz social, y que se define como “actos aislados y esporádicos de violencia”, tales como tensiones, disturbios, motines (incluyendo los carcelarios) y otros actos análogos, que si bien no alcanzan el umbral de instensidad de la violencia del conflicto armado y que, por ende, no se encuentran sujetos a las leyes y costumbres de la guerra, generan efectos humanitarios muchas veces de mayor alcance y calado que una guerra propiamente dicha.

En general, suelen rebasar las capacidades de las instituciones policiales y de las fuerzas de seguridad o intermedias (a la sazón, policías militarizadas como los cuerpos de gendarmería), y en muchos casos imponen la declaración del Estado de sitio, de excepción o de emergencia, la consiguiente suspensión o restricción de ciertos Derechos Humanos como el de libertad de expresión, reunión pacífica, asociación y libre tránsito (lo que suele incluir el toque de queda), y autorizan el uso intensivo del componente militar para restablecer la normalidad. Esto explica porqué, si bien escapan a la competencia del CICR, desde 1993 Ginebra viene estudiando estos fenómenos y produciendo doctrina que incluye protocolos sobre el uso de la fuerza de los instrumentos coercitivos estatales, en los que se aplica el derecho interno del Estado soberano y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Lo que subyace en OSV es un severo cuestionamiento del monopolio legítimo de la violencia física en un territorio dado, como nota esencial del Estado moderno de conformidad con el sociólogo Max Weber, al disputárselo actores no estatales tales como la respuesta violenta de sectores de la población por el hartazgo social ante la incapacidad de los gobernantes por resolver asuntos de interés público y para hacer valer sus derechos; el accionar del crimen organizado y del terrorismo; la cada vez mayor injerencia de empresas privadas de seguridad ante el fracaso del Estado; y, de ciudadanos que suelen tomarse la justicia por propia mano. Lo que ocurre es que en muchos casos, la autoridad, en tanto árbitro y orientador de los conflictos sociales, renuncia al uso legítimo de la fuerza y deja expedito el camino para que los particulares recurran a la violencia.

Durante siglos el escenario internacional estuvo dominado por el aforismo latino si vis pacem, para bellum (si quieres la paz, prepárate para la guerra), debido a que el conflicto armado ha sido y es una constante en la historia de la humanidad.

Se trata de un fenómeno de naturaleza dinámica que sufre mutaciones y que, desde 1991, trae aparejados retos de nuevo cuño; incluso, presentándose la renuncia del monopolio de la guerra ,establecido por los tratados de paz de Westfalia en 1648, en algunos Estados-nación que suelen categorizarse como fallidos (failed state), así como una erosión (cuando no la pérdida) del monopolio estatal de la fuerza de fronteras hacia adentro cuando la conducción política toma la decisión de evitar el uso de la fuerza que legítimamente le corresponde por mandato de ley, contribuyendo así al desarrollo de una cultura de la transgresión y a la anomia social, así como al convencimiento de determinados sectores sociales de que se puede recurrir a la violencia privada al no haber consecuencia ni sanción alguna.

En el caso de la guerra, desde el estallido de las hostilidades se aplica el Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA), Derecho Internacional Humanitario (DIH), o Derecho de la Guerra en sus dos vertientes: la costumbre y su codificación en instrumentos jurídicos tales como los Convenios de Ginebra y los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra. Sin embargo, los conflictos armados contemporáneos se caracterizan por el incumplimiento de las leyes y costumbres de la guerra, por un proceso de deshumanización, agravado por la emergencia y desarrollo de actores no estatales y nuevas tecnologías como factores contribuyentes, cuyo principal efecto es la centralidad de la población civil o no combatientes como víctima.

Como quiera que sea, el poder duro (hard power), principalmente el factor militar, se impone en la arena internacional, dando al traste con la proscripción del uso de la fuerza y de la amenaza al uso de la fuerza establecida como fundamento de la Carta de Naciones Unidas. De donde, todo Estado-nación que se precie de serlo debe contar con un instrumento militar con capacidades tanto disuasivas como de proyección de su poder nacional para la defensa y preservación de su soberanía y la promoción de sus objetivos e intereses nacionales. Y es que la principal enseñanza de las relaciones internacionales signadas por la realpolitik es que lo que el Derecho Internacional Público, como su rama del Derecho del Mar, le reconoce a todo Estado soberano debe, por tanto, respaldarse en sus fuerzas armadas.