EL PODER NAVAL ARGENTINO. UNA FUERZA AL SERVICIO DE LOS INTERESES MARÍTIMOS DE LA NACIÓN

CLVGM (R) RICARDO ALESSANDRINI. DIRECTOR ACADÉMICO DE LA SDIE Y DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DEL ATLÁNTICO SUR

La comprensión del poder naval argentino exige distinguirlo del poder marítimo y situarlo dentro de un entramado más amplio de intereses estratégicos, económicos, ambientales y de seguridad que definen la relación del país con el mar.

El poder naval argentino forma parte de un conjunto más amplio de capacidades vinculadas con los intereses marítimos nacionales y se relaciona tanto con la proyección de fuerza como con el desarrollo, la seguridad y la actividad que el país sostiene en el mar. La noción de poder naval y la de poder marítimo no deben confundirse: la primera refiere a los atributos militares —disuasivos y cinéticos— que permiten actuar en el ámbito marítimo, mientras que la segunda abarca un concepto más amplio, que integra la industria naval, la marina mercante, la pesca, la ciencia, la investigación y todas las actividades económicas y logísticas vinculadas con el mar. Esta distinción, adoptada en ámbitos académicos contemporáneos y desarrollada por autores como Ian Speller, permite comprender cómo interactúan los distintos elementos que configuran la presencia efectiva de un Estado en el espacio marítimo.

Los intereses marítimos constituyen los factores valorativos de bienes, actividades y recursos que se desarrollan en el mar y desde el mar, y que son necesarios para el crecimiento y la prosperidad nacional. Esta tradición conceptual, presente en el pensamiento del vice almirante Segundo Storni y retomada por diversos autores contemporáneos, integra tanto los componentes duros —como la capacidad militar y los recursos naturales— como aquellos vinculados con la infraestructura, la ciencia, la tecnología, las comunicaciones y el transporte marítimo.

La evolución histórica del poder naval muestra distintos períodos. Durante la Edad Moderna, el poder naval se manifestó a través de buques de vela y cascos de madera, que dominaron los siglos XV al XVIII. Con la industrialización surgieron buques de hierro y acero propulsados a vapor, lo que transformó el equilibrio naval desde el siglo XIX en adelante. Durante el siglo XX, el desarrollo de sistemas de armas, sensores, acorazados, portaaviones, submarinos y aviación naval definió un modelo tecnológico que rigió hasta el comienzo del siglo XXI. En la actualidad, la velocidad del avance tecnológico plantea escenarios tan dinámicos que resulta difícil prever cómo se desarrollaría un conflicto naval entre potencias con grandes grupos de batalla, dada la magnitud de las capacidades emergentes.

El análisis de los intereses marítimos requiere considerar cuatro tendencias globales que han moldeado la actividad en el mar durante los últimos tres siglos: el aumento demográfico, la revolución tecnológica, el impacto ambiental y la globalización. El crecimiento acelerado de la población mundial, que pasó de mil millones de habitantes en 1800 a más de ocho mil millones en la actualidad, se vinculó con mejoras sanitarias, productivas y urbanas, pero también generó presiones sobre los recursos y sobre el ambiente. La revolución industrial amplió las capacidades humanas para producir, mecanizar y transportar, pero incrementó la emisión de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático y a la degradación ambiental. La globalización consolidó la interconexión económica, acelerando el intercambio y la comunicación entre pueblos y regiones.

La evolución tecnológica y las macrotendencias globales redefinieron la actividad marítima, ampliando jurisdicciones, intensificando el tráfico y profundizando la competencia por recursos y bienes comunes.

Estas macrotendencias incidieron directamente en las dinámicas marítimas: aumento del tráfico mercante, ampliación de las jurisdicciones marítimas mediante la delimitación de la plataforma continental, desplazamiento de la exploración y explotación de hidrocarburos hacia áreas oceánicas, mayores riesgos para la seguridad de la navegación y la vida en el mar, expansión de actividades ilícitas y consolidación de competencias por los recursos naturales y por los bienes comunes globales. La explotación pesquera, la búsqueda de recursos minerales, la protección de la biodiversidad, la contaminación y el cambio climático conforman hoy un entramado complejo en el cual se entrelazan intereses políticos, económicos, ambientales y estratégicos.

Los intereses marítimos argentinos abarcan dimensiones geográficas, económicas, ambientales y estratégicas. Incluyen la integridad territorial vinculada con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur; la actividad en torno a la Antártida; las líneas de comunicación marítima; la marina mercante; los recursos vivos y no vivos; la biodiversidad; la sustentabilidad ambiental; y los desafíos vinculados con la seguridad y la vigilancia del espacio marítimo. La cuestión de Malvinas se mantuvo durante décadas como un conflicto de soberanía reconocido por las Naciones Unidas, con un período de negociaciones entre 1966 y 1982. Tras el conflicto armado, el Reino Unido consolidó una presencia militar permanente en el archipiélago, lo que modificó sustancialmente el equilibrio estratégico en el Atlántico Sur.

En el caso del sector antártico, la reclamación argentina se encuentra suspendida por el artículo 4 del Tratado Antártico. Aunque el país sostiene derechos históricos, no puede oponerse a la presencia de otros Estados dentro del área reclamada siempre que sus actividades se ajusten a los fines pacíficos y científicos establecidos por el tratado. Los demás intereses marítimos se relacionan con la protección de los recursos pesqueros, la investigación científica, las rutas marítimas, la contaminación, la seguridad de la navegación y las nuevas discusiones internacionales sobre biodiversidad en áreas fuera de la jurisdicción nacional.

La Armada Argentina actúa en este marco a través de instrumentos de poder naval y de mecanismos de cooperación internacional, que incluyen acuerdos bilaterales y multilaterales, reuniones de Estado Mayor, ejercicios combinados y programas de intercambio profesional. Asimismo, participa en iniciativas científicas y ambientales, como Pampa Azul y las áreas marinas protegidas, y opera mediante el Servicio de Hidrografía Naval, entidad con larga trayectoria en el desarrollo de infraestructura y sistemas para la seguridad marítima.

El control y la vigilancia del mar requieren esfuerzos significativos. Mantener presencia permanente en áreas extensas implica grandes demandas de personal, material y recursos. La Argentina cuenta con un territorio marítimo que supera los dieciséis millones de kilómetros cuadrados si se consideran el espacio continental, las áreas insulares y las zonas bajo reclamación, lo que plantea desafíos de magnitud en vigilancia, patrullaje y control. La creación del Comando Conjunto Marítimo, junto con el monitoreo permanente ejercido por la Armada y la coordinación regional con países del Atlántico Sur, constituyen avances relevantes en este sentido.

El análisis elaborado desde el Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de la Defensa permitió identificar cinco conjuntos geopolíticos del Mar Argentino: el área focal de comercio vinculada con la hidrovía y los puertos bonaerenses; la frontera marítima, concebida como un límite dinámico entre jurisdicción argentina y aguas internacionales; el complejo geopolítico de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, caracterizado por restricciones estratégicas; el área austral, considerada de alta sensibilidad; y la Antártida, cuyo equilibrio normativo podría verse tensionado hacia 2048 por las reglas de revisión del Protocolo de Madrid. Estos conjuntos muestran cómo la extensión del espacio marítimo argentino implica distintos niveles de interés, riesgo y proyección estatal.

El futuro del poder naval argentino se encuentra condicionado por la aceleración tecnológica global y por la necesidad de asegurar valores vitales en el mar. Para responder a estos desafíos se requiere alcanzar un poder disuasivo suficiente y activo, basado tanto en capacidades materiales como en la articulación institucional y la cooperación internacional. La disuasión y la acción son elementos complementarios en un entorno estratégico donde el control de los recursos, la protección del territorio y la seguridad de las rutas marítimas adquieren creciente importancia. La preservación de los intereses marítimos, en este marco, demanda continuidad, inversión, planificación y un compromiso sostenido con una visión de largo plazo sobre el Atlántico Sur y la inserción marítima del país.

La protección de los intereses marítimos argentinos demanda un poder naval disuasivo y activo, articulado con capacidades científicas, productivas y de cooperación internacional. Solo mediante continuidad, inversión y planificación estratégica sostenida será posible asegurar soberanía, recursos y presencia efectiva en el Atlántico Sur, en un entorno marítimo cada vez más complejo y competitivo.