Edgar Calandín, Ex Comandante Conjunto Antártico

“Reconociendo que es en interés de toda la humanidad que la Antártida continúe utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos…” (Extracto del Tratado Antártico, 1959)

 

El Sistema del Tratado Antártico (STA) es reconocido como uno de los regímenes internacionales más exitosos de la historia contemporánea. Desde su firma en 1959 y su entrada en vigor en 1961, ha mantenido a todo un continente al margen de los conflictos geopolíticos y militares, consolidando la cooperación científica y la protección ambiental como pilares fundamentales. Durante más de seis décadas, el STA ha asegurado que la Antártida se preserve como un espacio dedicado exclusivamente a la paz y la investigación científica.

A través de instrumentos complementarios, como la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos (CCAMLR, 1980) y el Protocolo de Madrid sobre Protección Ambiental (1991), el sistema se consolidó como un modelo de gobernanza global. Sin embargo, los cambios estructurales en la política internacional, el avance tecnológico, la crisis climática y las crecientes desigualdades entre Estados han generado presiones que tensionan su estabilidad. Aunque ningún país ha manifestado abiertamente la intención de romper el Tratado, los signos de erosión son evidentes: el desafío actual radica en la lenta capacidad de adaptación del sistema frente a un mundo donde la competencia por recursos, información y control territorial resurge bajo nuevas formas.

Presiones y amenazas geopolíticas

El primer conjunto de amenazas se vincula con la reconfiguración de la competencia estratégica global.

La Antártida, antes concebida como un espacio neutral, vuelve a insertarse en las rivalidades entre Estados Unidos, China y Rusia, que en los últimos años ampliaron sus programas científicos y logísticos. Aunque estas actividades no infringen de manera explícita el Tratado Antártico, incorporan tecnologías de uso dual que pueden ser interpretadas como de potencial interés militar. Como advierte Klaus Dodds, uno de los referentes más influyentes en geopolítica polar, la Antártida tiende a reproducir, aunque de forma atenuada, las dinámicas de competencia global bajo la apariencia de cooperación científica.

El congelamiento de los reclamos territoriales establecido en el Artículo IV del Tratado continúa siendo un equilibrio frágil. Cualquier error de interpretación o intento de reafirmar soberanía podría reabrir disputas históricas. En esta línea, el trabajo de Alan Hemmings y María Rogan-Finnemore destaca que el equilibrio del Artículo IV depende no solo de la diplomacia, sino también de la capacidad de cada país para sostener operaciones verificables en el terreno. Los reclamos superpuestos de Argentina, Chile y el Reino Unido se mantienen como un foco latente de tensión, aunque actualmente prevalece la diplomacia científica como vía de diálogo y cooperación.

Por otro lado, los conflictos internacionales ajenos a la región comienzan a filtrarse en los foros antárticos. La guerra en Ucrania y las tensiones en Asia-Pacífico han deteriorado la confianza entre los Estados miembros, paralizando decisiones que requieren consenso obligatorio. La creciente politización de las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico (RCTA) y la erosión de ese consenso reflejan una amenaza latente: la pérdida de la cooperación como valor fundacional del sistema.

Otro eje crítico surge de las presiones económicas y extractivas. Aunque el Protocolo de Madrid prohíbe toda actividad minera, la creciente demanda global de recursos estratégicos —como el agua dulce, los hidrocarburos y los minerales raros— alimenta debates sobre una posible revisión de esta prohibición después de 2048. A ello se suman dos fenómenos preocupantes: la expansión del turismo antártico y la intensificación de la pesca y la bioprospección científica.

La guerra en Ucrania y las tensiones en Asia-Pacífico han deteriorado la confianza entre los Estados miembros

En el primer caso, el turismo pasó de unas pocas expediciones en los años ochenta a más de cien mil visitantes por temporada. Si bien existen mecanismos de regulación, el aumento del tránsito humano y la generación de residuos multiplican los riesgos ambientales. En el segundo caso, la atención se centra en la extracción y uso de recursos genéticos marinos. Sin un marco jurídico internacional consolidado, estas actividades oscilan entre la investigación legítima y la explotación comercial encubierta, profundizando los dilemas éticos y políticos sobre el futuro del continente blanco.

El cambio climático actúa como un multiplicador de riesgos. El retroceso del hielo y la creciente accesibilidad marítima podrían abrir nuevas rutas y áreas de interés económico, presionando los límites regulatorios del sistema. La conservación, eje rector de las últimas décadas, se enfrenta ahora a la competencia de los intereses de aprovechamiento, en un equilibrio cada vez más delicado entre protección y desarrollo.

La Antártida podría ocupar una centralidad inédita en las próximas décadas.

Estas transformaciones ambientales y tecnológicas se vinculan con tendencias globales ya señaladas por analistas como Parag Khanna, quien advierte que los territorios antes considerados periféricos adquieren un valor estratégico creciente a medida que la infraestructura y las rutas de circulación se reorganizan. También Ola Rosling, desde una perspectiva basada en datos, subraya cómo la conectividad y el acceso redefinen prioridades geopolíticas incluso en regiones extremas. Aplicadas al extremo sur, estas dinámicas ayudan a explicar por qué la Antártida podría ocupar una centralidad inédita en las próximas décadas.

Esta situación pone de relieve una de las principales debilidades estructurales del Sistema del Tratado Antártico: la ausencia de un órgano ejecutivo permanente con poder vinculante, lo que limita su capacidad de respuesta ante violaciones o incumplimientos. El STA carece de mecanismos coercitivos o poder de policía efectivos; su fortaleza histórica ha residido en la autorregulación y el consenso, pero ese mismo rasgo se convierte hoy en una fragilidad frente a un escenario internacional más competitivo y fragmentado.

A ello se suman las asimetrías tecnológicas y científicas entre los Estados Parte, que profundizan las desigualdades en la toma de decisiones. Un número reducido de países concentra la infraestructura logística, los satélites y los datos de observación, mientras que muchas naciones con derecho a participar activamente, entre ellas varios países latinoamericanos, disponen de recursos humanos y financieros limitados para sostener una presencia continua.

Finalmente, emergen nuevas amenazas vinculadas al ámbito tecnológico. La ciberseguridad de las redes científicas, la vulnerabilidad de los sistemas de datos compartidos y el posible uso dual de herramientas como drones, inteligencia artificial o sensores de observación remota introducen riesgos que el régimen antártico aún no está en condiciones de enfrentar plenamente. 

Estas tecnologías, bajo la apariencia de investigación civil, pueden emplearse para el control territorial o la vigilancia estratégica, desafiando los principios pacíficos que sustentan al sistema. 

El propio Secretariado del Tratado Antártico ha reconocido en sus reportes recientes que la gobernanza del continente atraviesa un salto tecnológico para el cual todavía no existen mecanismos de respuesta suficientemente robustos.

Politización y fragmentación del sistema

La regla del consenso antártico, se ha transformado para algunos especialistas en un obstáculo debido a la creciente divergencia de intereses entre Estados desarrollados y en desarrollo ya que bloquea decisiones clave, especialmente en materia ambiental y de gobernanza marina.

La fragmentación del sistema se expresa en la multiplicidad de foros y subregímenes (CCAMLR, COMNAP, SCAR, CEP), donde los Estados participan con distintos grados de compromiso, generando un mosaico institucional difícil de coordinar. A su vez, la politización de la ciencia antártica constituye una amenaza menos visible pero profunda. Informes recientes de SCAR y COMNAP han advertido que la competencia por datos, prestigio y financiamiento puede distorsionar los incentivos científicos y afectar la cooperación entre programas nacionales, erosionando el principio de “libertad de investigación científica” que dio origen al Tratado.

Aunque todavía son incipientes, existen factores que podrían alterar el equilibrio del sistema antártico. Uno de ellos es el replanteo del régimen jurídico internacional, impulsado por corrientes que proponen redefinir la Antártida como “patrimonio común de la humanidad”, una categoría que modificaría de manera sustancial el marco vigente y las reglas que ordenan hoy la actividad en el continente. A esto se suma un proceso de desinformación que amenaza con erosionar la legitimidad social del Sistema del Tratado Antártico: la idea de que funciona como un “club cerrado” de potencias se difunde con facilidad y puede afectar la percepción pública global sobre su funcionamiento.

También emerge un conjunto de actores no estatales —ONG, corporaciones tecnológicas, universidades privadas— que cuentan con capacidad real para operar o financiar misiones en la región sin mecanismos claros de supervisión estatal, un fenómeno que introduce nuevas tensiones en un régimen históricamente gestionado por Estados. Finalmente, no puede descartarse la posibilidad de que algún país decida incumplir o incluso abandonar unilateralmente el Tratado, un escenario que tendría un efecto dominó capaz de comprometer la integridad de todo el sistema.

En suma, el sistema enfrenta una combinación de presiones externas, tensiones internas y desafíos tecnológicos que, de no ser anticipados, podrían comprometer su continuidad. No se trata de amenazas inmediatas de ruptura, sino de procesos graduales de desgaste.

 

Estabilidad aparente, fragilidad estructural

El STA ha demostrado una resiliencia excepcional. En un mundo marcado por conflictos y rivalidades, la Antártida sigue siendo un territorio sin guerra, sin explotación masiva y con una comunidad científica cooperante. Ese logro no debe subestimarse.

Sin embargo, la estabilidad del sistema no es  sinónimo de inmunidad. Su estructura depende de la voluntad política de los Estados y del mantenimiento de la confianza mutua. Las amenazas actuales, geopolíticas, ambientales, tecnológicas e institucionales, requieren una estrategia de adaptación y renovación del régimen, no una defensa retórica de su inmutabilidad.

Desde la perspectiva argentina, esta reflexión adquiere especial relevancia. El país, con un reclamo legítimo y una presencia permanente en el continente, necesita fortalecer su capacidad técnica y diplomática, formar cuadros especializados y articular políticas públicas que integren ciencia, ambiente y soberanía. En última instancia, el verdadero riesgo para el Sistema del Tratado Antártico no proviene de un actor externo, sino de la inacción colectiva frente a un entorno global que cambia más rápido que su capacidad de respuesta. La defensa del sistema no pasa por su conservación estática, sino por su actualización inteligente y su apertura hacia una gobernanza más inclusiva, cooperativa y sostenible.

Pensar la Antártida como un espacio de futuro y no de nostalgia implica anticipar los cambios, modelar los escenarios y participar activamente en su construcción.