Entrevista a Julio César Spota, Rector de la Universidad de la Defensa Nacional \ Por Mesa Editorial de la Revista FORTÍN\

“La evidencia histórica, arqueológica y etnográfica indica que la violencia organizada entre los grupos humanos no es una excepción, es la regla. Y en consecuencia debería ser un eje prioritario a la hora de pensar la defensa nacional”.

Con esa premisa como punto de partida, Spota dedicó gran parte de su vida a investigar la “guerra en la frontera” del siglo XIX. Su tránsito de la antropología hacia la defensa nacional no fue casual. “Cuando me percaté de que el Estado cuenta con las herramientas actuales, modernas y proyectadas al futuro, como para seguir administrando ese desafío, es que centré mis esfuerzos en el área de defensa nacional”. En su opinión, la disciplina de la defensa debe incorporar la profundidad conceptual de las ciencias sociales en su conjunto. No se trata de armar a un ejército sino de entender los procesos de legitimación del poder en territorios marginales: “La guerra es un fenómeno estructural. No es un accidente de la historia ni un mero episodio político.”

Fronteras porosas y vasos comunicantes

Para Spota, concebir la frontera como una línea fija impide comprender su dinámica real. “Las fronteras no son líneas, sino espacios bidimensionales, con vasos comunicantes”, explica, y subraya que en ese entramado territorial no solo existen flujos legales de individuos y mercancías, sino también “redes de narcotráfico, tráfico de armas, pesca ilegal y ciberamenazas”. Esa confluencia de actividades legales e ilegales se potencia precisamente donde el Estado ejerce una presencia débil.

En consecuencia, su diagnóstico es claro: “Si bloqueamos el flujo transfronterizo de estas redes, les negamos el acceso. Si no pueden entrar, no pueden operar. Pero esto no implica convertir soldados en policías: es defender la soberanía donde la ley lo permite”. Un buen ejemplo de esta lógica es la Triple Frontera, donde las mismas organizaciones pueden alternar el tráfico de drogas con acciones de terrorismo, aprovechando su capacidad militar y la porosidad del terreno para operar de modo complementario.

En 2006, el Decreto 727/2006 redefinió el alcance de las Fuerzas Armadas al establecer que su misión exclusiva sería “conjurar amenazas extranjeras, estatales y militares”. Al revisar esa norma, Spota señala que se creó un callejón sin salida: “Esta reglamentación redujo la defensa nacional a una caricatura. Planteaba que sólo un Estado extranjero podía ser una amenaza, pero a la vez decía que Sudamérica era una zona de paz. ¿Contra quién nos preparábamos entonces?”

Aunque el decreto dejó de estar vigente en 2018, su sombra persiste en los manuales e influye en la planificación. Para el rector, el desafío actual consiste en dotar a las tropas de un marco jurídico que responda a escenarios reales y diversos: necesitan “reglas de empeñamiento claras para operar en puertos, ciberespacio o, como en las actuales circunstancias para producir un control territorial efectivo”.

En síntesis, la tarea no termina con la derogación de un decreto, sino con la puesta al día de principios y prácticas. En palabras de Spota, “el problema no se resuelve con derogar una norma. Se trata de actualizar la doctrina para que se corresponda con las amenazas reales”, y de esa manera edificar una defensa que abarque desde Estados extranjeros hasta redes criminales transnacionales.

Más que trazar mapas de enemigos, la estrategia debe partir de los bienes esenciales que requieren protección. “A mi juicio, la idea es preguntarnos qué es lo que tenemos que defender, priorizando los intereses vitales antes que la identidad del posible agresor.” Así, la Ley de Defensa Nacional de 1988 se convierte en un instrumento flexible, pues no diferencia entre agresores estatales y no estatales: si algo compromete la soberanía, la vida o la libertad de los argentinos, “pasa a ser un problema de defensa nacional”.

El giro del paradigma —de definir enemigos a identificar intereses vitales— abre el paso a una reflexión que muchos tienden a separar del discurso estratégico: la causa Malvinas. Si antes la defensa nacional se pensaba en términos de conquista o repudio, hoy esa causa exige un enfoque distinto, ligado a los principios y al derecho internacional. Spota lo enmarca así: “Para quienes hablan de Malvinas como un objetivo estratégico militar, deberíamos recordar que la primera cláusula transitoria de la Constitución Nacional, reformada en 1994, indica que la recuperación de los territorios irredentos será conforme lo indica el derecho internacional”. En consecuencia, Argentina dispuso para sí que esa causa que es indeclinable, trascendente y debe ser “destinataria de nuestros mejores esfuerzos”, no contemplará el empleo del instrumento militar en modalidad de combate.

Aun así, subraya, la Defensa no queda excluida de la maniobra: “No quiere decir que la defensa nacional no tenga participación en la maniobra estratégica de recuperación de las islas, sino que será en apoyo en clave estratégica —antes que en la modalidad de combate— de una política exterior que apele a la fuerza de la ley y no a la ley de la fuerza”. De este modo, la defensa nacional se integra a la diplomacia como una herramienta estratégica que fortalece la posición de la Argentina en el concierto internacional, actuando siempre dentro del marco legal y en estrecha coordinación con la política exterior.

Formación y modernización

Actualizar la doctrina obliga a renovar el capital humano. Para Spota, la vieja idea de un soldado como ejecutor pasivo ya no basta. “Tenemos que producir guerreros que a la vez tengan la capacidad de pensar de forma compleja en entornos desafiantes y dentro de una geopolítica en plena reconfiguración”. Los viejos alineamientos regionales pierden vigencia y las alianzas cambian a gran velocidad: “Los alineamientos, alianzas y enemistades que eran válidos ayer, no necesariamente están vigentes hoy y mucho menos lo estarán el día de mañana”.

Ante esa volatilidad, insiste, la virtud esencial de la formación militar “debe descansar en el profesionalismo, la versatilidad y siempre pensando en que nuestro país necesita personas en aptitud de salvaguardar nuestros intereses vitales y esa aptitud no se agota en la capacidad de combate, pero principia por la capacidad de combate”.

Por eso, recalca, “quienes integran el instrumento militar de la Nación tienen que ser predominantemente guerreros y luego de forma complementaria intelectuales”.

Pero la formación de profesionales de la defensa no se agota en la formación militar, sino que involucra la necesidad de formar cuadros civiles que sepan pensar los desafíos del siglo XXI y sean capaces de gestionar con inteligencia y eficiencia: “El sistema de defensa en su conjunto, pensado como articulación de los ámbitos político, administrativo y militar, arrastraba una carencia crónica, que era la falta de profesionales a nivel de grado en materias como defensa nacional”.

Para cerrar ese vacío, relata Spota, el ministro de Defensa, Luis Petri, impulsó la creación de la primera Licenciatura en Defensa Nacional de la región, acompañada de programas en Ciberdefensa y Gestión Pública orientada a Defensa. “Para que de aquí a un lustro empiecen a graduarse las primeras camadas de profesionales (…) con competencias para abastecer los requerimientos del Ministerio de Defensa y de cualquier órbita pública o privada en donde la proyección de los intereses sea globalizada”.

Porque hoy, ciertas redes de criminalidad organizada transnacional ya “tienen capacidades militares asimilables a las de un ejército”. Frente a esa realidad, concluye Spota, “tenemos que estar preparados para enfrentar lo que no se nos ocurre y que puede ocurrir”. Y señala una medida eficaz: “Si nosotros bloqueamos el flujo transfronterizo de estas redes que se propagan Urbi et Orbi, lo que vamos a conseguir es negarles el acceso. Si no pueden entrar, no van a poder operar, punto se acabó. Por supuesto, esto es una medida maximalista —nunca se consigue el óptimo— pero si les dificultamos el acceso, se lo encarecemos. Si les impedimos el libre tránsito, se lo problematizamos”.

El Operativo Roca ilustra la línea que Spota traza entre presencia soberana y policía: se movilizaron efectivos de las Fuerzas Armadas para reforzar el control territorial de la frontera, no para detener manifestantes ni vigilar protestas. “Esto no significa transformar a los soldados en policías, sino asumir que, cuando la soberanía es puesta en jaque por actores no estatales, necesitamos recurrir a la defensa nacional porque esa es su misión principal conforme lo indica la ley 23.554”, explica.

Spota señala que en el Operativo Roca afloraron críticas infundadas que vinculaban el despliegue militar al control de movimientos sociales. Para él, interpretar que se está convirtiendo a los miembros de las Fuerzas Armadas en policías por intervenir en zonas de frontera es “un insulto al entendimiento de los ciudadanos”. Sostiene que el objetivo es consolidar la vigencia de la ley en zonas donde actores no estatales desafían la soberanía, y no reprimir protestas.

Agrega que una estrategia seria de control territorial requiere generar sinergia entre las carteras del Ejecutivo, algo que hasta ahora no se había logrado frente a desafíos de esta magnitud. Frente a las denuncias, asegura que no tienen sustento político ni militar: no hay vocación de ilegalidad, y remarca que las Fuerzas Armadas son profundamente respetuosas de la Constitución. Por eso, concluye, “jamás se conducirían en contra de lo que manda nuestra ley fundamental”.

Para Spota, la narcocriminalidad y el terrorismo no son “opciones estratégicas”, sino realidades que el país no puede darse el lujo de ignorar. “Los retos que se le imponen a la Argentina no son electivos, son compulsivos”, afirma, y llama a responder con creatividad, dentro del marco legal y articulando recursos escasos de manera eficaz.”Por supuesto, las potenciales amenazas estatales siguen representando el grueso de la reflexión estratégica argentina. Ahora bien, nuestro pensamiento no se agota allí, la resolución 1112/24 fija si mirada en las complejidades del porvenir, horizonte de desafíos donde los actores no estatales con capacidades militares deben ser objeto de atención y preparación por parte de nuestro sistema de defensa”.

En ese marco, la defensa nacional no se presenta como una herramienta de represión ni como una solución aislada, sino como un instrumento legítimo del Estado para reafirmar su soberanía, apoyar su diplomacia y proyectar un rumbo estratégico basado en valores no negociables. No se trata solo de enfrentar amenazas, sino de reconstruir presencia, cohesión y sentido de pertenencia allí donde antes reinaban la fragmentación y el abandono.

Defensa nacional y seguridad interior

El artículo cuarto de la Ley de Defensa Nacional invita a “mantener en claro de forma constante la distancia entre seguridad y defensa”, pero esa separación es, en realidad, complementaria.

Para Spota, cuando la Ley de Seguridad Interior, sancionada en 1991 y promulgada en 1992, fijó en su título quinto y sexto los “gosnes o bisagras” donde defensa y seguridad deben interactuar, reconoció la necesidad de conjugar ambas áreas. La “archiconocida participación en situaciones de catástrofe o de emergencias” ha demostrado el valor de ese vínculo: el instrumento militar de la Nación despliega idoneidad para “rescatar, atender, socorrer y asistir” a los argentinos en crisis, restablecer el orden y, de ser necesario, actuar bajo estado de sitio.

“Todo esto habla de una vocación de conjugación, nunca de divorcio”, subraya Spota, y agrega que “esa conjugación debe interpretarse a la luz de los desafíos actuales, que no nos lo sugieren, nos lo demandan”. En ese escenario, es imperativo coordinar “siempre en pleno respeto de la misión y las funciones de los uniformados de defensa y de los uniformados de seguridad, definiendo con claridad cuáles son las prestaciones que pueden poner en juego al momento de garantizar de forma permanente que la Argentina siga siendo la Argentina”.