Por Daniel Esteban
Director de la Escuela Nacional de Inteligencia
El termómetro marcaba 52 grados sobre el asfalto de la ruta que une Ahwaz con la línea de contacto. Dentro del vehículo de la Misión de Observadores Militares de las Naciones Unidas (UNIIMOG), la vibración del motor levantaba una polvareda fina que se metía en la garganta y cubría el tablero de la camioneta con un manto ceniciento. Afuera, el paisaje de Bakhtaran me recordaba de inmediato a la Patagonia argentina: desértico, montañoso, de vegetación baja y con una amplitud térmica brutal. A ambos lados de la huella, el terreno mostraba la textura quebrada de ocho años de atrición: parapetos de tierra apelmazada, esqueletos de blindados corroídos por el salitre y el peligro latente de campos minados indocumentados.
Llegué a Irán en 1989 como parte del contingente de observadores militares desarmados integrado en la misión encargada de verificar la Resolución 598 del Consejo de Seguridad de la ONU. Hacía apenas seis años que había combatido como oficial en la guerra de Malvinas cuando me notificaron el destino. Para las Fuerzas Armadas argentinas, las misiones de paz de la ONU eran una experiencia internacional incipiente. La noticia me entusiasmó: uno marchaba convencido de que iba a hacer algo positivo por la comunidad internacional, contribuyendo a estabilizar la zona para que dejara de morir gente. Sin embargo, la crudeza del terreno se hizo sentir de inmediato. Lo primero que nos entregaron fue un traje especial y equipo de autoprotección contra explosivos, máscaras antigás y prendas protectoras para operarlo. Patrullábamos en parejas por zonas de riesgo extremo bajo protocolos estrictos de autoprotección, portando dispositivos de emergencia médica y morfina para aplicar de inmediato en caso de sufrir una amputación por mina antipersonal.

La misión exigía interponer a observadores desarmados, vistiendo cascos azules y chalecos reflectantes, entre dos ejércitos continentales que venían de enfrentarse en trincheras. El conflicto había estallado en septiembre de 1980, cuando el régimen iraquí de Saddam Hussein aprovechó el caos posterior a la Revolución Islámica de 1979 e invadió territorio iraní para hacerse con el control estratégico del canal del Shatt al-Arab y las ricas provincias petroleras del sur. Lo que Irak calculó como una campaña relámpago se transformó rápidamente en la contienda convencional más larga del siglo XX; un choque de atrición donde la densidad de fuego de artillería y el despliegue masivo de infantería revivieron las batallas de la Primera Guerra Mundial. A lo largo de ocho años de hostilidades, el choque de dogmas políticos y religiosos alimentó una dinámica sangrienta que dejó más de un millón de bajas entre ambos bandos. Tras ese costo devastador, el uso masivo de agentes químicos y pérdidas económicas inconmensurables, la guerra terminó sin un vencedor claro ni ventajas territoriales decisivas. Ambas naciones habían aceptado el cese del fuego exhaustas, incapaces de sostener el costo del enfrentamiento.
Para monitorear los más de mil kilómetros de línea de cese del fuego, la UNIIMOG (Grupo de Observadores Militares para las Naciones Unidas para Irán e Irak, 1988 – 1991) estructuró su despliegue en sectores con dinámicas operacionales marcadamente heterogéneas a lo largo de la frontera. En el norte, el sector Saqqez abarcaba gran parte del Kurdistán iraní entre cadenas montañosas de hasta tres mil quinientos metros y ríos torrentosos, donde los observadores debían lidiar con el riesgo del campo de batalla y con la amenaza constante de las guerrillas kurdas que realizaban emboscadas, incursiones y secuestros. Hacia el centro, en el sector Dezful, la zona semidesértica adyacente a la base aérea iraní planteaba un escenario de permanente fricción táctica. Finalmente, en el extremo sur, el sector Ahwaz comprendía la provincia del Khuzistán, una región devastada con industrias y pozos petroleros destruidos. Allí, el residuo del gas mostaza utilizado en los combates volvía a marcar niveles de alerta en los detectores cada vez que las tormentas de arena removían las capas del desierto.
Para mí, que me había formado como oficial en el Colegio Militar de la Nación bajo las nociones clásicas de la soberanía estatal, desembarcar en el Irán posrevolucionario fue un choque de marcos conceptuales. El país atravesaba la transición política posterior a la muerte del Ayatolá Jomeini, ocurrida en junio de ese mismo año. En Teherán, las fachadas de los ministerios y los pasos bajo nivel lucían retratos gigantescos de los shohada —los mártires de la patria— sobre fondos de tulipanes rojos. La vida cotidiana respondía a una liturgia de Estado donde la política exterior, el celo religioso y el trauma de la agresión exterior formaban un bloque indivisible.
Esa atmósfera teñía cada una de nuestras interacciones en el terreno. Obtener un salvoconducto para que una patrulla de la ONU cruzara un puesto de control requería horas de té amargo, gestos formales de la tradicional cortesía persa y una negociación paciente con jóvenes comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (pasdaranes), el cuerpo más poderoso de las Fuerzas Armadas de Irán, que nos miraban con una desconfianza estructural. Las posiciones de los equipos estaban bajo custodia permanente de secciones armadas y no se podía transponer el cerco perimetral si no era por estrictas razones de servicio. Convencer a mandos que venían de sufrir ataques con armas químicas en el frente de que un brazalete blanco representaba garantías reales de imparcialidad exigía un rigor técnico e institucional implacable en cada informe de patrullaje. Como reflexiónó en su momento el mayor Roberto Parra sobre nuestro trabajo en el terreno, no todo era caminar y registrar, sino que la propia inseguridad transformaba al observador militar de mero espectador en una parte activa del escenario de guerra.
Si dentro de la estructura de la ONU uno se sentía protegido por un marco jurídico previsible y profesional, frente a la población civil la sensación era muy distinta. La gente no recibía con simpatía la presencia de militares extranjeros patrullando su territorio. Caminar por las ciudades con el uniforme y la gorra azul era saberse observado constantemente; era vivir en una suerte de “mundo de espías”. Había que ser riguroso con las normas locales: vestir pantalones largos a pesar del calor sofocante, respetar que en los cines existieran sectores separados para hombres y mujeres, y comprender que la Guardia Revolucionaria podía detener a una pareja en la vía pública para verificar si estaban casados. Para no cometer errores de seguridad ni diplomáticos, mantuve un contacto fluido con el embajador argentino en Teherán, Cundari Castillo, cuya lectura de la sociedad persa me resultó indispensable para interpretar el contexto local.

La UNIIMOG llegó a desplegar una dotación aproximada de 350 observadores militares provenientes de más de una docena de países, dividiendo la responsabilidad operacional en diversos sectores fronterizos a lo largo de la línea de cese del fuego. Inicialmente me destinaron al team site de Bakhtaran, bajo el mando de un jefe indio, y tiempo después fui trasladado al headquarter en Teherán, en la oficina de operaciones del Comando de la Misión. La Argentina envió de manera consecutiva cuatro contingentes de oficiales que integraron la Plana Mayor en Teherán y cubrieron puestos clave en los sectores de Saqqez, Dezful, Bakhtaran y Ahwaz. Compartíamos patrullas con colegas de distintas nacionalidades. Esta diversidad era el corazón de la legitimidad: la Resolución 598 le daba marco legal a la misión, pero la legitimidad sobre el terreno se construía mostrando la neutralidad de múltiples banderas frente a las partes en conflicto.
Según los informes periódicos del Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, presentados ante el Consejo de Seguridad, la tensión operacional se concentraba en la microgeometría de la línea de contacto. Durante el mandato de la misión se documentaron formalmente más de 1.400 violaciones al cese del fuego. La rutina consistía en detectar pequeñas ventajas tácticas que las unidades intentaban consolidar de noche: el avance de un puesto de tirador en cincuenta metros, el ensanchamiento no autorizado de una zanja antitanque, o el disparo intimidatorio de una ametralladora pesada. Al detectar una anomalía, la patrulla se desplegaba de inmediato entre ambos puestos, solicitaba el alto al fuego a nivel táctico local, medía las distancias con goniómetros y mapas topográficos, e interpelaba a los jefes de compañía de cada bando para exigir el repliegue a las posiciones acordadas.
A la par de la observación de límites se realizaban complejas tareas humanitarias como la investigación de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en poblaciones civiles y la supervisión del canje de prisioneros de guerra en la región norte. Uno de los episodios que más marcó mi percepción del trabajo de peacekeeper ocurrió durante un procedimiento de body exchange (intercambio de restos de combatientes). Nos encontramos en el sector neutral en la hora fijada. La delegación iraquí llegó con unas cuarenta bolsas negras grandes, mientras que los iraníes traían cuarenta bolsas mucho más pequeñas. En medio del procedimiento, la tensión se disparó y el jefe iraquí ordenó sorpresivamente a sus hombres cargar las armas. Nosotros estábamos desarmados en el centro. La confianza entre las partes acababa de esfumarse y el incidente amenazaba con escalar sangrientamente. En ese segundo crítico, nuestro jefe de misión, un oficial neozelandés con enorme oficio, tomó una decisión magistral. Dijo con calma: «Propongo que esto que vimos hoy no haya ocurrido. No estuvimos acá, no hubo reunión, no hubo intercambio y no hubo desconfianza. Nos retiramos y fijamos otra fecha». Dos semanas después volvimos al mismo punto; las partes llevaron lo que correspondía y el procedimiento se completó en absoluto orden. Bajo la supervisión de la ONU, estos procedimientos permitieron la restitución formal de cientos de soldados muertos en combate a sus respectivas naciones.
Los riesgos no venían solo del terreno minado o la tensión militar. El entorno físico era implacable. En Dehloran, los pozos petroleros destruidos por los bombardeos ardían en silencio desde hacía meses, proyectando columnas de humo negro que distorsionaban la visibilidad y cubrían los uniformes de una capa grasienta. Para combatir la deshidratación debíamos tomar litros de una preparación de sales suministrada por la ONU. Las enfermedades también acechaban: de las doce vacunas obligatorias cometí el error de no darme la de la rabia. A los pocos días, un oficial australiano de nuestro puesto, mientras realizaba observaciones con binoculares, fue sorpresivamente atacado por un animal rabioso que logró morderlo. Salvó su vida gracias a estar previamente inmunizado y a una evacuación médica de urgencia en helicóptero hacia Teherán.
También conocí la faz más opaca de la burocracia estatal. En los traslados y recorridas hacia zonas de altura o frentes de montaña durante el invierno, las condiciones de las rutas cambiaban drásticamente. En una de esas comisiones, el vehículo en el que viajaba un compañero argentino de apellido Martín sufrió un despiste debido a la presencia de hielo sobre la calzada. El impacto contra la contención metálica fue devastador y la estructura atravesó el habitáculo, provocando la amputación de una pierna a otro de los oficiales.
Tras la internación y el alta médica, al intentar abordar el vuelo de regreso a la Argentina, las autoridades de migración le confiscaron el pasaporte bajo un eufemismo tan cortés como perverso: “Usted es un invitado de honor de la República Islámica y no puede salir del país”. Requirió semanas de intensas gestiones diplomáticas de la ONU destrabar ese secuestro administrativo. Aquella vivencia, que en su momento pareció un exceso burocrático puntual, revelaba la matriz de un Estado caracterizado por la opacidad institucional y el uso arbitrario de sus normas, una realidad con la que la propia sociedad civil iraní debe lidiar cotidianamente.
El desenlace de la misión llegó por un giro en la geopolítica regional. En agosto de 1990, Irak invadió Kuwait. Ante la perspectiva de enfrentar a la coalición internacional, el régimen iraquí necesitó despejar de inmediato su frontera oriental, aceptando reestablecer los límites internacionales previos y completar la repatriación de prisioneros. Esta situación alteró los planes de la misión: las autoridades de UNIIMOG decidieron no recibir nuevas rotaciones y solicitaron que el cuarto contingente argentino, que debían retornar a fines de agosto, extendiera su permanencia en el terreno para aportar su experiencia en la resolución de las complejas situaciones derivadas del nuevo escenario. Tras verificar el repliegue y la consolidación de la frontera, el personal argentino inició el regreso en octubre y la UNIIMOG concluyó formalmente su mandato en febrero de 1991.

Para los oficiales de las Fuerzas Armadas argentinas, la participación en la UNIIMOG nos permitió medir en carne propia la calidad de nuestra formación frente a exigencias internacionales estrictas. Haber sido testigo de ese proceso desde la delgada franja de tierra que separaba a dos ejércitos me dejó una lección perdurable: la paz en el ámbito internacional suele reducirse a un margen de contención estrecho, construido metro a metro en el terreno por la presencia serena, técnica y profesional de quienes asumimos el compromiso de verificar que las armas permanezcan en silencio.

